Los fraudes empresariales en los casos de excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares han aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.
Aunque este tipo de casos se encuentra regulado y tiene su base en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas demandan cada vez más a menudo la contratación de detectives privados por el abuso de algunos empleados, ya que son muchos los que tienen una finalidad diferente: competencia desleal, creación de un negocio propio o dedicación al ocio.
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46, reconoce dos tipos de excedencias: la voluntaria y la forzosa. En este sentido, los convenios colectivos califican de "especial" las situaciones de excedencia similares a la forzosa y derivadas de circunstancias no convencionales, como el cuidado de menores o familiares, o la maternidad.
Las compañías son las máximas afectadas por este tipo de estafas, sufriendo pérdidas de competitividad, teniendo que reorganizar la plantilla o viéndose obligadas a realizar contrataciones innecesarias para suplir al trabajador que se acoge ilegalmente a esa excedencia o jornada reducida, con el consiguiente aumento de costes en la formación de otros empleados.
La investigación llevada a cabo por los detectives privados es clave para que la pérdida económica a la que se enfrentan las organizaciones no desemboque en la quiebra de éstas.
La misión del detective en estos casos es comprobar que las horas solicitadas por el trabajador son empleadas correctamente y si tiene dedicación absoluta a la causa por la cual fueron demandadas a la compañía. Posteriormente, las pruebas obtenidas pueden ser utilizadas ante un juez si la empresa así lo considera.
