El llamado "divorcio de conveniencia" es un fenómeno en alza en nuestro país, nacido como consecuencia de la actual crisis económica, quedando atrás los matrimonios de conveniencia y los fraudes en la escolarización, en los que los padres cambian el domicilio de los niños con el objetivo de asegurarles una plaza en un colegio de su preferencia.
En el divorcio de conveniencia, parejas asfixiadas por las deudas fingen una ruptura afectiva para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el contenido patrimonial más relevante.
El trámite es rápido y no entraña excesiva dificultad. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el Juzgado. La pareja se divorcia legalmente, pero ambos siguen conviviendo con normalidad y, excepto en los casos en que entran en escena detectives privados contratados por los económicamente afectados, nadie tiene por qué enterarse.
A priori parece sencillo, pero es importante señalar que un divorcio ficticio conlleva un riesgo elevado que se traduce en la posibilidad de que los simuladores sean denunciados y condenados como culpables de un delito de alzamiento de bienes y se vean, no sólo sin patrimonio sino, además, teniendo que hacer frente a penas de prisión. Nos encontramos ante un fraude de ley, puesto que se utilizan maliciosamente los medios que ofrece el ordenamiento jurídico con una finalidad manifiestamente distinta al objetivo esencial de un divorcio.
Fuente: La Opinión de Tenerife
