Detectives para actuar contra las denuncias falsas por intoxicación alimenticia

La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia. 

El objetivo de esta iniciativa es poder obtener información directa de la forma en la que captan a los clientes, descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justicia Española.

Los hoteleros han fotografiado furgonetas con el rótulo de estos cazadores de reclamaciones ('claim farmers', en inglés), apostados a la puerta de establecimientos. 

Su modus operandi consiste en captar a turistas y animarles a interponer una denuncia por el mal estado de la comida, con el correspondiente parte médico. Lo que ocurre es que interponen las denuncias cuando regresan al Reino Unido, con el claro objetivo de conseguir una indemnización por ello.

Hace unos años se daban casos aislados, pero ahora los bufetes de abogados han extendido su estrategia gracias a las redes sociales y a un engranaje comercial, que desplaza a la isla a profesionales británicos en busca de falsos perjudicados.

El año pasado, a los hoteles de Mallorca les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. 

Aunque en principio la estafa sólo afecta a los establecimientos de todo incluido, cada vez está más extendida en todos los ámbitos turísticos.

Fuente: Diario de Mallorca

Un detective relata en un juicio cómo obtuvo las pruebas de que un local fotocopiaba libros completos

Un detective, contratado por una editorial gallega, ratificó en sede judicial que los empleados de un local le fotocopiaron varios libros de texto completos, lo que supone un delito contra la propiedad intelectual. 

El investigador privado, que se hizo pasar por un cliente, pudo probar así las sospechas de que el establecimiento pirateaba obras registradas.

El testimonio del detective contradijo la declaración de los dos administradores acusados de infringir la propiedad intelectual, que aseguraron en el juicio que no estaban físicamente en el local pero, como responsables, dieron órdenes expresas a su personal de fotocopiar solo el 10% de las páginas de cada libro, máximo autorizado por la ley.

Según la Fiscalía, las implicadas son dos empresas que actuaban de forma coordinada y conjunta, hasta el punto de hacer una las facturas de la otra, elaborar trabajos y encargos en un local u otro de forma indistinta y compartir trabajadores. Supuestamente, entre junio y octubre de 2012, las dos empresas fotocopiaron la totalidad del contenido de cuatro libros de ejercicios y teóricos de dibujo técnico de bachillerato.

Fuente: La Voz de Galicia

Un detective demuestra que un hombre tiene ingresos y puede pagar la pensión alimenticia a sus hijas

Un padre separado permanece en la cárcel por no abonar la pensión alimenticia a sus dos hijas. El acusado asumió la autoría de los hechos y aceptó una pena de siete meses y medio de prisión, sumando así su cuarta condena firme por el mismo motivo. 

A raíz de la sentencia de divorcio del matrimonio dictada en 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, estableció que el padre debía abonar cada mes casi 1.000 euros a sus dos hijas en concepto de pensión de alimentos. Pero ante los sucesivos impagos desde 2009, el acusado fue acumulando condenas. En abril de 2011 fue la primera y se le castigó a trabajos en beneficio de la comunidad. En octubre de 2013 llegó la segunda sentencia y, en febrero de 2014, la tercera, que dictaminó el ingreso en prisión por reincidencia.

En su escrito inicial, la fiscal solicitó la libre absolución al estimar que el padre carecía de capacidad económica para pagar la pensión, llegando a ser archivada la causa. Sin embargo, se reabrió cuando la acusación particular demostró, gracias a la intervención de un detective privado, que el hombre tiene una actividad de comercial y que dispone de ingresos económicos.

Fuente: FARO DE VIGO

Detectives privados para destapar intentos de estafa a las compañías aseguradoras

Entre los casos más sorprendentes de intentos de estafa al seguro surgidos durante el año 2016, destaca un intento de fraude protagonizado por un grupo de cuatro amigos.

Tras sufrir un accidente de tráfico, todos resultan lesionados, sufriendo la más grave de ellos un traumatismo craneoencefálico severo.

Cuando sale del coma en el que pasa varios días, sus habilidades cognitivas se han visto afectadas: presenta un coeficiente intelectual límite, muestra dificultades importantes para la comunicación y no sabe manejar el dinero ni ubicar el tiempo. Todos los médicos que valoran el caso pronostican una futura dependencia.

Aunque los jóvenes son susceptibles de mejorar algo, ella no parece mejorar nada, pero en una revisión realizada a solas, uno de los médicos nota cambios en su actitud. No se encuentra dirigida en sus respuestas, como cuando va acompañada: reconoce ir a veces sola a rehabilitación, utilizar el transporte público, etc.

Ante las sospechas, se realizan una serie de investigaciones en las redes sociales, encontrando en tres redes distintas que la joven hace vida normal: tiene nuevo novio, queda con los amigos, publica fotos con frecuencia, emplea dobles sentidos en su lenguaje…

Un seguimiento posterior de un detective privado demuestra que transita sola por la calle, entra en comercios y paga por sí misma, etc. Es decir, las consecuencias reales del accidente, aun existiendo, no han sido tan graves como ella simula.

En los juzgados, el abogado de la chica exigió una indemnización de un millón de euros, mientras que el fiscal exigió 750.000. No obstante, las pruebas presentadas por la aseguradora desmontaron la tesis de la accidentada, según la cual dependía totalmente de sus familiares.

La indemnización final queda en unos 230.000 euros. La sentencia reconoce una incapacidad permanente total, pero no otorga compensación por ayuda de tercera persona, ni por daño moral de los familiares. Tampoco se produce desembolso alguno por gastos ni por intereses.

Fuente: intereconomia.com

Detectives privados para desenmascarar falsas bajas laborales

Durante el pasado año, las bajas por enfermedad común aumentaron más de un 16%, lo que supone un desembolso para las arcas públicas de casi 6.000 millones de euros. Para las empresas las cifras son aún más elevadas, en torno a 75.000 millones.

Trabajadores que parecen tener una fractura en una de sus piernas, pero cuando piensan que nadie les ve, son descubiertos sin muletas y caminando perfectamente; dicen estar enfermos, pero aprovechan su tiempo yendo de compras; o alegan tener una lesión que les impide ponerse al volante, pero son grabados conduciendo sin problemas a diario; son algunos de los múltiples casos captados por detectives privados contratados por empresas ante las sospechas de una baja laboral fingida.

El perfil de quienes más faltan al trabajo es el de las mujeres de entre 30 y 40 años, del sector servicios y que llevan entre 1 y 6 años en la empresa.

Aunque hay bajas más que justificadas, los expertos relacionan este repunte del absentismo laboral con la reducción del desempleo y la recuperación económica.

Fuente: ANTENA 3 TV

¿Cuáles son los principales signos que delatan una posible infidelidad?

Normalmente, cuando una persona da el paso de acudir a una agencia de detectives privados, ya tiene firmes sospechas de la infidelidad de su pareja. 

Existen muchas señales que llevan a pensar que algo está pasando en ese sentido, tales como:

· Cambio en sus gustos y rutinas.

· Presta más atención a su aspecto físico que de costumbre.

· Se muestra distante.

· Necesita más que nunca tener su espacio.

· La relación se ha vuelto monótona y rutinaria.

· Lleva su teléfono móvil a todas partes.

· Planifica viajes sin su pareja.

Para demostrar una infidelidad, es imprescindible elegir el momento más adecuado: un viaje de trabajo, una reunión de amigos, un fin de semana en el que la persona presuntamente infiel se queda sola en la ciudad....

La labor del investigador privado consistirá en realizar un seguimiento exhaustivo de esa persona, controlando todos sus movimientos y prestando especial atención a cualquier encuentro que se produzca.

El detective observará su actitud y comportamiento, obteniendo las pruebas gráficas necesarias en caso de que se produzca la infidelidad.

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¿Es legal contratar a un detective privado?

Contratar a un detective privado es totalmente legal y está amparado en España por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

Un detective puede obtener determinada información, o realizar vigilancias y seguimientos, siempre que el encargo realizado por el cliente esté motivado por una causa legítima. Es decir, el cliente debe estar legítimamente relacionado con la persona o personas investigadas, bien en el ámbito económico, laboral, mercantil o financiero, bien en la vida personal, familiar o social, y el uso que se haga a posteriori del informe elaborado por el investigador ha de ser aquel por el cual se realizó la contratación.

Las pruebas aportadas por detectives son totalmente válidas ante cualquier Tribunal de Justicia y su uso está recogido en el art. 265.5 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 

El informe podrá ser ratificado por el investigador privado en sede judicial siempre que se le requiera, siendo considerado por los tribunales como un testigo cualificado. No se trata de un testigo casual de un hecho, sino que es un profesional preparado para la observación y atento a que una determinada situación se produzca. 

En España, un detective se identifica mediante una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía. La posesión de dicha tarjeta habilita al profesional a prestar servicios de investigación privada, considerándose el realizar esos servicios sin disponer de ella un acto de intrusismo profesional, que conlleva la correspondiente sanción civil, e incluso penal, por parte de los Tribunales de Justicia.

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