Una compañía de seguros recibió una solicitud de indemnización por el fallecimiento de una mujer que tenía contratado con ellos un seguro de vida. Había muerto en un viaje a Paraguay como consecuencia de una mala caída desde una silla.
La cobertura que tenía con esta compañía era de 400.000 euros, pero con otras aseguradoras tenía cubiertos riesgos por otros 600.000 euros. Al final, la mutua aseguradora descubrió que todo era un montaje, y que la mujer realmente había muerto de cáncer.
La compañía sospechó desde el principio, porque ya tenía una primera póliza y, poco antes del supuesto fallecimiento, había contratado otra. Además, en el estudio para ese primer contrato de seguro de vida, ya se reflejaba que la mujer padecía un cáncer.
Otro aspecto sospechoso fue que el accidente mortal hubiera ocurrido en Paraguay, aunque los beneficiarios de la póliza aportaron todo tipo de documentación, desde el atestado policial a los informes hospitalarios, todos ellos visados por la embajada de Argentina, de donde procedía la fallecida.
Finalmente, la compañía contrató a un detective privado, que empezó a indagar en los antecedentes de la víctima y descubrió que su situación económica era muy delicada. Varias empresas en las que había tomado parte estaban en quiebra.
A partir de estos datos, comenzaron a investigar sobre la autenticidad de los documentos aportados y descubrieron que todos eran falsos, desde el primero hasta el último. De hecho, la mujer nunca había viajado a Paraguay.
La compañía aseguradora contactó con otras compañías a las que se había reclamado el pago de indemnizaciones por pólizas de vidas contratadas. Los beneficiarios de las mismas, que reclamaban en total 1,2 millones de euros, desistieron de sus reclamaciones en cuanto les mostraron las evidencias del fraude.
Durante el pasado ejercicio, se detectaron en España 151.995 casos de fraude al seguro, lo que implica un incremento del 2,4%. La cifra casi duplica a la que se registraba antes de la crisis.
El trabajo realizado por detectives privados en cuanto a investigación y detección de fraudes permitió que las aseguradoras evitaran pagar indebidamente 412 millones de euros en 2013, el 72 % del importe inicialmente reclamado.
La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre divorciado que solicitó la rebaja de la pensión de alimentos que paga a sus hijos. Se basa en que, aunque su profesión de churrero hace difícil el control de sus ingresos, su ritmo de vida, reflejado en un informe de detectives privados, no evidencia que su fortuna haya venido a menos.
