Localización de menores en casos de secuestro parental

La inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores. En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor cuando se produce un secuestro parental difieren.

Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla. Sin embargo, en algunos casos la contratación de un detective privado puede ser determinante para conseguir localizar al menor.

Una vez localizado, el progenitor debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución del menor. Aunque, en teoría, si una persona tiene la custodia por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, la realidad no es esa.

Para evitar estas situaciones, cada vez son más los jueces que, de oficio, ante la sospecha de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o, directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paternofiliales.

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el artículo 225 bis del Código Penal y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

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¿Cómo elabora un detective un informe Due Diligence?

Un informe Due Diligence consiste en la búsqueda de información de una empresa, incluyendo aspectos como su área de actividad, el estado de su activo y su pasivo, sus deudas....

Solicitado normalmente con objeto de una posible adquisición, lo que se pretende en definitiva es hacerse una idea general de la compañía.

A la hora de realizar un informe Due Diligence, el detective privado ha de recopilar toda la información posible sobre la empresa, tanto su situación contable y financiera, como la estructura de su Consejo de Administración, los socios que participan de ella y las participaciones de ésta en otras empresas. También es preciso incorporar y analizar datos tales como el número de empleados, las instalaciones y propiedades de que dispone, si ha adquirido deudas con organismos privados o públicos, su reputación en Internet y redes sociales...

Una vez contrastada y verificada toda la información, se analiza y se plasma finalmente en un informe.

Ya sean futuros socios, proveedores o clientes, el informe Due Diligence se ha convertido hoy por hoy en una potente herramienta a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial, y una de las investigaciones económicas más demandadas en las agencias de detectives privados.

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¿Se pueden detectar los fraudes en la escolarización?

Cada vez son más las personas que recurren a las agencias de detectives privados con el fin de solicitar investigaciones relacionadas con los fraudes en la escolarización y conseguir pruebas suficientes de los falsos empadronamientos de familias que se realizan, la mayoría de las veces, con la intención de que a sus hijos se les adjudique un determinado colegio de educación pública.

Desde hace unos años, es habitual la introducción de datos falsos por parte de padres que desean conseguir plaza para sus hijos en un colegio concreto, el que mejor se ajuste a sus preferencias.

En algunas ocasiones, se llegan incluso a simular falsas enfermedades o se presentan demandas de divorcio que se retiran en el último momento, ya que las familias monoparentales tienen preferencia.

Para detectar los posibles fraudes, la labor del investigador privado se centra en verificar los domicilios aportados, si la familia reside en los mismos y si la información declarada en las solicitudes es real. Mediante seguimientos y/o vigilancias, el detective puede corroborar la información y conseguir pruebas gráficas en caso de ser falsa.

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¿Cómo elabora una agencia de detectives un informe patrimonial?

En algunas ocasiones, determinados procesos judiciales requieren conocer el estado del patrimonio de una persona, lo que lleva a las agencias de detectives a ofrecer entre sus servicios el de la elaboración de informes patrimoniales.

Con las investigaciones patrimoniales se pretende, no sólo conocer los bienes muebles e inmuebles que posee una persona, sino también su nivel de vida y todos aquellos posibles ingresos que puede estar percibiendo, procedentes por ejemplo del alquiler de viviendas y/o locales comerciales, de su actividad laboral, de las sociedades en las que participa...

Para llegar a determinar este patrimonio, es preciso dividir la investigación en tres laboriosas etapas. 

En primer lugar, se realiza una búsqueda documental que aportará las primeras pistas sobre su patrimonio. 

A continuación, los detectives privados se desplazarán hasta las propiedades para determinar el estado en el que se encuentran, si están ocupadas, si se paga un alquiler por ello, etc. 

Finalmente, es necesario realizar un seguimiento a la persona en cuestión, que aportará la información definitiva en relación a su actividad laboral, lugares que frecuenta, vehículos que utiliza, etc., pudiéndose así estimar su nivel de vida y si éste corresponde realmente a los ingresos que asegura tener en sede judicial.

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Detectives infiltrados para resolver hurtos en las empresas

Descubrir al responsable o responsables de un hurto en una empresa es una de las solicitudes más demandadas a las agencias de detectives por parte de las compañías.

Cuando no es fácil determinar desde fuera qué está ocurriendo, se hace imprescindible la infiltración de uno o varios detectives privados en la empresa para que se hagan pasar por empleados.

Con el fin de no levantar las sospechas del resto de trabajadores, los detectives implicados pasan el proceso de selección de la misma manera que el resto, contando también después con un contrato laboral y una nómina, y realizando las funciones propias del puesto de trabajo que ocupan.

De esta forma, desde dentro de la empresa, los investigadores privados han de ganarse la confianza del resto de empleados y recabar, aprovechando su posición, toda la información posible sobre los hechos investigados. 

En algunos casos, a medida que se va obteniendo información desde el seno de la empresa, se hace necesario incluir otro tipo de acciones en la investigación, tales como el seguimiento de posibles implicados en los hurtos.

Las pruebas obtenidas por los detectives privados durante este periodo podrán ser aportadas posteriormente en un proceso judicial si fuera preciso.


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La custodia compartida provoca un aumento de la intervención de detectives en procesos de divorcio

Con la custodia compartida, han aumentado los procesos de divorcio en los que se requiere la intervención de un detective privado. 

La demanda de detectives en esos casos se realiza para verificar si el progenitor atiende a los hijos o los deja con terceras personas, o si pone en riesgo la seguridad de los menores cuando está con ellos.

Son frecuentes también los casos en los que el ex-cónyuge alega no tener ingresos para salir beneficiado a la hora de fijar la pensión alimenticia de los hijos. Cuando se tienen sospechas de que realmente está trabajando, aunque sin nómina, recibiendo pagos en B, el objetivo del detective es obtener pruebas suficientes que demuestren que realiza una actividad laboral. El detective privado puede aportar pruebas gráficas de sus horarios de entrada y salida del trabajo y realizar gestiones que no dejen lugar a dudas de que se encuentra trabajando si la actividad se realiza de cara al público, tales como hacer una compra, solicitar un presupuesto, etc.

También es habitual recurrir a un detective para solicitar la modificación o extinción de la pensión compensatoria. En este caso, es el ex-marido quien contrata a los detectives para corroborar que la mujer percibe ingresos que no declara o que convive en pareja en su domicilio con otra persona.

Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

Un juzgado ha condenado a una mujer a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andalucía.

En la sentencia se ha declarado probado que la falsa profesional realizaba en su domicilio labores propias de podología por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente, por lo que le ha impuesto el pago de una multa, así como a indemnizar al colegio y al pago de las costas. 

En casos de intrusismo profesional, recurrir a detective privados permite conseguir pruebas inequívocas del fraude, que podrán ser aportadas y ratificadas por el investigador en sede judicial.

Fuente: Diario de Sevilla