Detectives infiltrados para resolver hurtos en las empresas

Descubrir al responsable o responsables de un hurto en una empresa es una de las solicitudes más demandadas a las agencias de detectives por parte de las compañías.

Cuando no es fácil determinar desde fuera qué está ocurriendo, se hace imprescindible la infiltración de uno o varios detectives privados en la empresa para que se hagan pasar por empleados.

Con el fin de no levantar las sospechas del resto de trabajadores, los detectives implicados pasan el proceso de selección de la misma manera que el resto, contando también después con un contrato laboral y una nómina, y realizando las funciones propias del puesto de trabajo que ocupan.

De esta forma, desde dentro de la empresa, los investigadores privados han de ganarse la confianza del resto de empleados y recabar, aprovechando su posición, toda la información posible sobre los hechos investigados. 

En algunos casos, a medida que se va obteniendo información desde el seno de la empresa, se hace necesario incluir otro tipo de acciones en la investigación, tales como el seguimiento de posibles implicados en los hurtos.

Las pruebas obtenidas por los detectives privados durante este periodo podrán ser aportadas posteriormente en un proceso judicial si fuera preciso.


Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid

La investigación de un detective privado concluye con detenciones por robar medicinas en un hospital

La Policía Nacional detuvo a finales del mes de noviembre a dos vigilantes de seguridad del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén acusados de robar medicinas almacenadas en la farmacia del centro sanitario. Presuntamente, uno de ellos revendía los medicamentos al propietario de un gimnasio, que los repartía como productos dopantes entre algunos de sus clientes, y que también fue arrestado como autor de un delito de receptación —adquirir la mercancía robada— y otro contra la salud pública.

La investigación partió de la propia Dirección del hospital que, al echar en falta una cantidad importante de fármacos después de realizar un inventario en la farmacia, contrató a un detective privado.

La exhaustiva investigación llevada a cabo por el detective sirvió a la Policía Nacional para proceder a la detención de los presuntos autores. Se trata de dos vigilantes de seguridad del centro sanitario que, para acceder a las dependencias donde se guardan las medicinas, utilizaban la llave que les había sido entregada en función de su cargo como vigilantes de seguridad. El tercer arrestado, propietario del gimnasio, reconoció haber pagado “entre 8.000 y 9.000 euros” por las medicinas y que, posteriormente, las distribuía entre algunos de sus clientes con fines dopantes.

Según una primera estimación inicial, el valor de los medicamentos sustraídos asciende a más de 14.000 euros, siendo casi todos los fármacos robados anabolizantes y medicinas contra el cáncer.

Tras prestar declaración, los tres detenidos quedaron en libertad con cargos, mientras se desarrolla la instrucción.

Fuente: DIARIO JAÉN

Condenados por sustraer combustible de la empresa para la que trabajaban

Dos empleados de una compañía de autobuses interurbanos han sido condenados por sustraer combustible a la empresa para revenderlo después. 

El Tribunal da por probado que ambos se apropiaron de 8.380 litros de gasoil en las instalaciones que la empresa. Sin embargo, ha desestimado el recurso interpuesto por la compañía, que alegaba que los hechos son constitutivos de un delito de robo con fuerza, y no de hurto.

La empresa comenzó a detectar la falta de carburante en los depósitos de sus instalaciones en septiembre de 2011 y, ante la sospecha de que los autores debían ser operarios, contrataron los servicios de una agencia de detectives. 

Los investigadores privados observaron cómo uno de ellos -que trabajaba en turno fijo de noche- acudió a su lugar de trabajo con un furgón de alquiler y que, tras abandonar el polígono industrial, el vehículo circulaba con "síntomas evidentes de ir cargado".

La operación se repitió otras tres veces, en una de ellas con ayuda de personas a las que no ha sido posible identificar. En la segunda ocasión, el furgón fue interceptado por la Guardia Civil, que intervino el combustible sustraído y la bomba que utilizaban para hacerlo.

El procedimiento que seguían consistía en estacionar el furgón en la parte trasera de las instalaciones. "Sin utilizar fuerza alguna", uno de ellos accedía al recinto e introducía en los depósitos una manguera. Valiéndose de una bomba eléctrica, traspasaba el gasoil a bidones colocados en el interior del vehículo, donde era auxiliado por el otro individuo.

Para asegurarse de no ser descubiertos, manipulaban las cámaras de seguridad y desconectaban de la red eléctrica el sistema de grabación. La bomba era conectada a uno de los focos exteriores de las instalaciones, al que habían dotado de toma permanente de corriente.

Del inventario de combustible realizado por la empresa, ésta concluyó que habían sido sustraídos unos 37.000 litros de gasoil, valorados en 27.384 euros, pero el análisis de la capacidad del bidón en el que transportaban el combustible y los volúmenes de carburante intervenidos llevó a establecer que uno de los acusados sustrajo 1.690 litros el 3 de noviembre y la misma cantidad el 7 del mismo mes, en tanto que el 19 ambos se hicieron con 3.000 y el 20 con 2.000. Esto suma un total de 8.380 litros.

Según el fallo judicial, no se ha acreditado que los acusados "tuvieran más participación en el resto de sustracciones que pudieron tener lugar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre", con excepción de los cuatro días reseñados.

Fuente: EL DÍA.es

Detenido por robar miles de kilos de carne gracias a la investigación de una agencia de detectives

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron la semana pasada al encargado de una sala de despiece de una empresa dedicada a la comercialización de carne por robar, presuntamente, miles de kilos carne para su venta a terceros.

En el momento de la detención, el empleado ocultaba 200 kilos de carne de vacuno y de cerdo en el maletero de su vehículo particular, aparcado en las inmediaciones del almacén.

Aprovechando la relación de confianza que mantenía con los dueños y de su puesto de responsabilidad en la empresa, tejió una red de contactos para la posterior distribución fraudulenta de la carne. La cantidad defraudada a la empresa durante el último año podría superar los 100.000 euros.

Todo parece indicar que el detenido comenzó sustrayendo pequeñas cantidades de carne, presumiblemente para consumo propio y, al no ser descubierto, comenzó a ampliar su círculo de contactos, a los que ofrecía la carne de mejor calidad a un precio muy inferior al que se maneja en el mercado cárnico. Incluso durante los últimos meses llegó a sustraer por encargo piezas de carne concretas, tanto por calidad como por peso.

Las sospechas saltaron cuando los propietarios empezaron a notar desfases en la contabilidad, ya que la cantidad de género que se registraba a la entrada no tenía reflejo contable posterior, por lo que intuyeron que algún empleado con cargo de responsabilidad estaba detrás. 

Para confirmar sus sospechas, recurrieron a una agencia de detectives privados, cuya investigación concluyó que el detenido en ocasiones atendía pedidos de diversos establecimientos, siendo identificados entre los compradores sidrerías, carnicerías, bares y restaurantes.

Tras obtener las pruebas necesarias, lo comunicaron a la Policía y se informó a la Consejería de Sanidad por si se hubiera cometido alguna irregularidad en la distribución de la carne fuera de los canales habituales y esto pudiera afectar a la salud de los posibles consumidores. Según el comunicado policial, no se descartan probables responsabilidades penales y administrativas por parte de los propietarios de los establecimientos, e incluso particulares, que adquirieron la mercancía sustraída a sabiendas de lo irregular de su comercialización. 

El detenido ha sido despedido de la empresa y la actuación policial remitida al Juzgado de Instrucción correspondiente. 

Fuente: EL COMERCIO.ES

Admiten como prueba las imágenes de cámaras puestas sin avisar y avalan el despido de un trabajador

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha resuelto que la instalación temporal de cámaras en el puesto de trabajo sin avisar a los trabajadores afectados, sino únicamente al presidente del comité de empresa, cuando existen sospechas fundadas de que el trabajador está robando a la empresa, no vulnera su derecho a la intimidad y a la propia imagen y, por tanto, el despido disciplinario basado en las imágenes es procedente.

A finales de 2012, una empresa de ropa, tras hacer un inventario, echó en falta un total de 112 prendas, cifra muy superior a las habituales en anteriores inventarios. Por eso, la dirección empresarial comunicó a la presidenta del comité de empresa que había decidido instalar unas cámaras ocultas que enfocarían a los armarios donde se guarda el producto para así detectar quién o quiénes podían estar apropiándose del mismo.

Para la instalación de las cámaras, la empresa acudió a una agencia de detectives privados y, gracias a las grabaciones, comprobaron que un trabajador tenía guardadas varias prendas, que plegó y guardó en bolsas para llevárselas, y que coincidían con las que faltaban en la realización del inventario.

A la vista de las circunstancias, la empresa acordó incoar expediente disciplinario y despedir al trabajador y, tanto el Juzgado de lo Social número 2 de Madrid, como ahora el TSJ, han declarado la procedencia del despido.

El trabajador ha impugnado como prueba "válida, idónea y proporcional" la grabación de las imágenes porque, en su opinión, se vulnera el derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución, relativo a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal.

También la Agencia Española de Protección de Datos apoyaba esta idea, criticando en su informe que no se habían colocado carteles informativos de las zonas de grabación, ni se había notificado a los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, el TSJ sostiene que el caso es idéntico al enjuiciado por el Tribunal Constitucional en sentencia 186/00, donde se consideraba que era una medida justificada, ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del trabajador de graves irregularidades en su puesto de trabajo; idónea para la finalidad pretendida por la empresa, esto es, verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; necesaria, ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades; y equilibrada, pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una duración temporal limitada. Por estos motivos, el Tribunal Constitucional descartó que se produjera lesión alguna del derecho a la intimidad personal.

La sentencia añade además que, en tanto que la instalación de las cámaras atiende a las sospechas fundadas de que el trabajador estaba sustrayendo prendas, "sería absurdo exigir a la empresa una comunicación a los trabajadores de la instalación de las cámaras (...) así como la colocación de carteles de publicidad pues, de esta forma, se arruinaría con toda seguridad la finalidad buscada". Por ello, "hay que considerar admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la efectuada al presidente del comité de empresa".

Fuente: elEconomista.es

Detectives infiltrados para identificar a los ladrones y obtener pruebas de los hurtos

Los detectives privados se hicieron pasar por trabajadores del almacén de la distribuidora de fármacos para vigilar a los sospechosos y obtener pruebas de los hurtos.

Siete meses de investigaciones policiales y la colaboración de detectives privados, que se infiltraron en la distribuidora de medicamentos, hicieron posible la identificación de todos los miembros de la red delictiva que sustrajo un millón de euros en productos farmacéuticos en un almacén de Aldaia. La operación se saldó con una veintena de detenidos, entre los que hay ocho empleados de la empresa, seis repartidores, un farmacéutico y un ex-trabajador, considerado este último como uno de los cabecillas de la trama.

La investigación de la Policía Nacional se realizó a petición de la empresa afectada, tras formalizar la denuncia, y las grabaciones con cámaras de vídeo y micrófonos ocultos fueron autorizadas por el juez, según informaron fuentes de la investigación. La policía colocó cámaras y micrófonos ocultos en el almacén y la zona de taquillas para identificar a los empleados que sustraían cremas, pañales, dentífricos, geles, leches infantiles y antigripales, entre otros artículos y fármacos, que no necesitan recetas. 

Un grupo de policías de paisano y dos detectives infiltrados vigilaron a los trabajadores, tanto en los dos turnos de día como en el de la noche, hasta que descubrieron cómo burlaban las medidas de seguridad del almacén.

La Policía Nacional realizó nueve registros en los domicilios de los arrestados, donde recuperaron 15.000 de los 100.000 artículos hurtados, y descubrió que los cabecillas de la trama pagaban unos 600 euros al mes a varias empleadas para que sacaran productos del almacén y los dejaran en un punto determinado. Allí, otra mujer introducía en cajas el material hurtado, y su novio, habitualmente desde la recepción, distribuía los artículos a los compradores y la farmacia. Del reparto de la mercancía se encargaban la hermana y el padre de la primera mujer con dos furgonetas. Todo ellos fueron detenidos.

La mayor parte de los productos farmacéuticos que hurtaba el grupo de trabajadores eran distribuidos con la colaboración de una farmacia, cuyo dueño se encuentra entre los detenidos.

Fuente: LAS PROVINCIAS