Con la custodia compartida, han aumentado los procesos de divorcio en los que se requiere la intervención de un detective privado.
La demanda de detectives en esos casos se realiza para verificar si el progenitor atiende a los hijos o los deja con terceras personas, o si pone en riesgo la seguridad de los menores cuando está con ellos.
Son frecuentes también los casos en los que el ex-cónyuge alega no tener ingresos para salir beneficiado a la hora de fijar la pensión alimenticia de los hijos. Cuando se tienen sospechas de que realmente está trabajando, aunque sin nómina, recibiendo pagos en B, el objetivo del detective es obtener pruebas suficientes que demuestren que realiza una actividad laboral. El detective privado puede aportar pruebas gráficas de sus horarios de entrada y salida del trabajo y realizar gestiones que no dejen lugar a dudas de que se encuentra trabajando si la actividad se realiza de cara al público, tales como hacer una compra, solicitar un presupuesto, etc.
También es habitual recurrir a un detective para solicitar la modificación o extinción de la pensión compensatoria. En este caso, es el ex-marido quien contrata a los detectives para corroborar que la mujer percibe ingresos que no declara o que convive en pareja en su domicilio con otra persona.
