La intervención de un detective privado para resolver casos de secuestro parental

En los últimos años, ha proliferado el denominado secuestro parental, que es aquel en el que un menor de edad es separado de uno de sus progenitores por parte del otro sin su consentimiento, alejándole de él sin intención alguna de que vuelvan a verse, muchas veces sacándolo del país sin la autorización necesaria y, en los casos más graves, aislándolo de la sociedad con el fin de mantenerlo oculto.

En estos casos, acudir a una agencia de detectives puede ser determinante a la hora de dar con el paradero del menor.

Tras una laboriosa investigación y los seguimientos oportunos, el detective privado puede localizar al menor y contribuir así a su restitución.

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el artículo 225 bis del Código Penal y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

Axira Detectives - Agencia de Detectives Privados en Madrid

Localización de menores en casos de secuestro parental

La inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores. En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor cuando se produce un secuestro parental difieren.

Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla. Sin embargo, en algunos casos la contratación de un detective privado puede ser determinante para conseguir localizar al menor.

Una vez localizado, el progenitor debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución del menor. Aunque, en teoría, si una persona tiene la custodia por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, la realidad no es esa.

Para evitar estas situaciones, cada vez son más los jueces que, de oficio, ante la sospecha de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o, directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paternofiliales.

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el artículo 225 bis del Código Penal y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

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