Cada vez son más las personas que recurren a los servicios de un detective privado con el fin de confirmar determinadas situaciones y contar con pruebas suficientes que poder aportar posteriormente en un proceso judicial.
Infidelidades, bajas laborales fingidas, casos de competencia desleal empresarial o la obtención de evidencias para solicitar la modificación de pensiones alimenticias y compensatorias en divorcios y separaciones son, entre otros, los servicios más demandados en las agencias de detectives privados. Sin embargo, en la última década han aflorado otro tipo de investigaciones, como son las relacionadas con los fraudes en la escolarización.
Los falsos empadronamientos de familias con el fin de que a sus hijos se les adjudique un colegio de educación pública determinado, el que más se ajuste a sus preferencias, llevan a muchas familias cada año a contratar detectives privados para demostrar la introducción de datos falsos por parte de otros padres para conseguir plaza en un colegio concreto
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Durante la campaña habitual de este tipo de investigaciones, entre julio y agosto de cada año, la Policía atiende múltiples denuncias que, aunque han descendido paulatinamente en los últimos años como consecuencia del cambio de los criterios de baremación y mayores penalizaciones por los engaños, siguen suponiendo un gran problema cada curso.
La labor del detective privado en estos casos se centra en verificar los domicilios aportados, esto es, si son falsos o no, si la familia reside en los mismos y si la información declarada en las solicitudes es real.
En algunos casos, se llegan a simular falsas enfermedades o se presentan demandas de divorcio que se retiran en el último momento, ya que las familias monoparentales tienen preferencia, circunstancias éstas que un detective privado, mediante seguimientos y/o vigilancias, puede corroborar y conseguir pruebas gráficas en caso de ser falsas.