Detectives para evitar la reventa de sillas en Semana Santa

Con la cercanía de la Semana Santa, la operación para encontrar silla a lo largo del recorrido que realizan las cofradías se ha puesto en marcha.

A pesar de que la reventa de sillas está prohibida, es una práctica que se lleva a cabo habitualmente en estas fechas, bien a través de internet, bien 'in situ'. Son muchos los anuncios que pueden encontrarse en diferentes páginas de internet, tanto en Sevilla, como en otras ciudades andaluzas.

Para luchar contra este mercado negro de asientos, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla lleva cuatro años contratando a un detective privado cuya finalidad es identificar a los abonados que revenden sus sillas, habiendo logrado intervenir en estos años cerca de 150 abonos.

Además, cuentan con el apoyo de la Policía Local de Sevilla, que el año pasado desmanteló una red dedicada al tráfico de sillas, que se saldó con la detención de dos personas y la retirada de 15 abonos.

Fuente: 20minutos

Detectives privados para descubrir talleres irregulares

Carecer de placa distintiva, no estar registrados en la Consellería de Industria e incluso no estar dados de alta en la Seguridad Social son algunas de las irregularidades que figuran en un informe elaborado por un detective privado contratado por la Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (ATREVE)

El detective privado constató y documentó la existencia de sesenta y cinco talleres en la provincia que incumplen la normativa. 

Según el informe, cincuenta y siete de los establecimientos irregulares carecen de la placa distintiva de taller, que ha de estar visible en la fachada, y no están registrados en la base de datos de la Consellería de Industria, es decir, no tienen el número de Registro Industrial de Galicia obligatorio (RIGA). A éstos se suma otro taller sin alta en la Seguridad Social, seis sin placa identificativa, aunque sí registrados en Industria, y otro que tiene placa pero no está registrado.

Fuente: La Voz De Galicia

¿Sospecha que la finalidad de la jornada reducida de uno de sus empleados no es real?

Los fraudes empresariales en los casos de excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares han aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

Aunque este tipo de casos se encuentra regulado y tiene su base en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas demandan cada vez más a menudo la contratación de detectives privados por el abuso de algunos empleados, ya que son muchos los que tienen una finalidad diferente: competencia desleal, creación de un negocio propio o dedicación al ocio.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46, reconoce dos tipos de excedencias: la voluntaria y la forzosa. En este sentido, los convenios colectivos califican de "especial" las situaciones de excedencia similares a la forzosa y derivadas de circunstancias no convencionales, como el cuidado de menores o familiares, o la maternidad.

Las compañías son las máximas afectadas por este tipo de estafas, sufriendo pérdidas de competitividad, teniendo que reorganizar la plantilla o viéndose obligadas a realizar contrataciones innecesarias para suplir al trabajador que se acoge ilegalmente a esa excedencia o jornada reducida, con el consiguiente aumento de costes en la formación de otros empleados.

La investigación llevada a cabo por los detectives privados es clave para que la pérdida económica a la que se enfrentan las organizaciones no desemboque en la quiebra de éstas.

La misión del detective en estos casos es comprobar que las horas solicitadas por el trabajador son empleadas correctamente y si tiene dedicación absoluta a la causa por la cual fueron demandadas a la compañía. Posteriormente, las pruebas obtenidas pueden ser utilizadas ante un juez si la empresa así lo considera.

Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid

Las pruebas de un detective, imprescindibles para denunciar un posible delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual

La Comisión Antipiratería para el Automóvil (CAPA) ha logrado que cuatro empresas sean investigadas "por ofertar y comercializar equipos de diagnosis falsificados para la reparación de automóviles".

La denuncia interpuesta por la CAPA en febrero de 2013 ha dado ahora sus frutos. "El juzgado instructor aprecia indicios de criminalidad en la actuación de los responsables", según explica la Comisión liderada por la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios de Automoción (ANCERA) en un comunicado. 

Una vez terminada la fase de investigación judicial, se consideró que había suficientes pruebas para pensar que se había podido cometer un delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual. Para llegar a esta conclusión, ha sido imprescindible el testimonio de los agentes de la Guardia Civil participantes en el operativo y el del detective privado que contrastó los hechos antes de formular la denuncia que puso en marcha las diligencias previas.

Finalizada la instrucción, el juez ha trasladado el caso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que formulen el correspondiente escrito de acusación. Desde la Comisión aseguran que pedirán la máxima pena "dados la gravedad y el riesgo que supone comercializar equipos de diagnosis falsificados".

Fuente: CdeComunicación

El informe de una agencia de detectives avala una denuncia por la utilización de residuos no autorizados

El Juzgado número 1 de Inca investiga la utilización de residuos no autorizados, algunos de ellos peligrosos, como relleno del aparcamiento municipal de la biblioteca de Can Picafort (Mallorca) en el año 2013.

Un reciente peritaje judicial ha corroborado la presencia de restos de hormigón armado, hierros, plásticos, escombros, silicona, tubos y un bote de pintura cuyo envase advierte de su toxicidad. Todos ellos se encontraban ocultos bajo una capa superficial de escombros, estos sí autorizados, que la constructora compró a una empresa dedicada a la gestión de residuos.

La investigación responde a una denuncia penal, interpuesta por la empresa de gestión de residuos y avalada por un informe de una agencia de detectives, contra varios transportistas por el vertido ilegal en el aparcamiento.

El juez trata de determinar si los vertidos, que se realizaron durante las obras de vaciado y acondicionamiento del solar como aparcamiento, se hicieron o no con el conocimiento y permiso de los responsables municipales.

Se calcula que reciclar el vertido ilegal tendrá un coste de casi 400.000 euros.

Fuente: UH Noticias

Detectives privados destapan un intento de estafa a una compañía aseguradora

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis meses de prisión a tres personas que intentaron estafar a una compañía aseguradora afirmando que una de ellas viajaba en un coche que sufrió un accidente de tráfico, algo que no era cierto.

Los hechos se produjeron en noviembre de 2010 cuando los acusados denunciaron en un Juzgado de Instrucción de Murcia que habían sufrido un accidente de tráfico al colisionar con otro turismo, asegurando que en el primer turismo viajaba uno de los acusados, lo que era incierto.

El intento de estafa fue abortado cuando unos detectives privados descubrieron que dicho acusado no se encontraba entre los pasajeros del citado turismo.

La sentencia indica que al inicio del juicio los tres reconocieron los hechos y se conformaron con cumplir las penas pactadas por el fiscal del caso y sus defensas.

Fuente: ABC.es

El fraude anima a las compañías aseguradoras a contratar detectives

El fraude a las empresas de seguros, cada vez más incipiente en nuestro país, anima a las compañías aseguradoras a contratar detectives privados que permitan corroborar la veracidad de las informaciones aportadas por el asegurado.

La legitimidad para utilizar los servicios de detectives privados por parte de las compañías de seguros se ampara en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro, que obliga a las aseguradoras a satisfacer las indemnizaciones que correspondan una vez realizadas las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo.

Tras la investigación, resulta imprescindible que el detective elabore un informe o dossíer escrito con el resultado de sus indagaciones, adjuntando al mismo fotografías y grabaciones, y que se aporte al Juzgado como si se tratara de una prueba documental, en el momento procesal oportuno, según el orden jurisdiccional de que se trate. Posteriormente, es indispensable que el detective ratifique el contenido del mismo en sede judicial y pueda ser repreguntado por la parte contraria.

En cuanto a la valoración de las pruebas aportadas en juicio por los detectives, corresponde a la libre apreciación del Juzgador, una vez examinada su licitud y tras ser sometidas a contradicción.

Axira Detectives - Agencia de detectives privados en Madrid

Intrusismo profesional: Detectives privados descubren a tres falsos odontólogos

Dos juzgados de Valencia y uno de Mislata han condenado por intrusismo profesional a tres falsos odontólogos que trataban a pacientes cuando no estaban titulados para ello.

Según las sentencias, la primera condenada, que fue descubierta examinando y prescribiendo tratamientos en un taller dental, es técnico de prótesis dental, titulación que en ningún caso permite tratar pacientes, sino fabricar prótesis. El tribunal la ha condenado a una multa de 1.260 euros por delito de intrusismo contemplado en el artículo 403.1 del Código Penal.

El segundo falso dentista, protésico dental, atendia a pacientes en un laboratorio dental, razón por la que ha sido condenado por el mismo delito y deberá hacer frente a una multa de 1.260 euros.

La tercera condena, con multa de 480 euros, recayó sobre otro protésico, que también cometió un delito de intrusismo en circunstancias similares a los anteriores.

Dichas situaciones fueron descubiertas y denunciadas por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, que contrató los servicios de detectives privados y comunicó los hechos a los tribunales con las pertinentes querellas por intrusismo profesional.

En todos los casos se trata de sentencias de carácter penal dado que, como recuerda el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, "el intrusismo profesional es un delito del Código Penal, por lo que cualquier intruso que manipule la boca de un paciente sin estar titulado para ello se expone a una sentencia penal y sus consecuencias".

Fuente: ABC.es