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miércoles, 8 de julio de 2020

Detectives privados para investigar falsificaciones y plagios

Cuando un producto o una marca tiene éxito, en poco tiempo aparecen copias en el mercado a un precio más bajo, normalmente de peor calidad, que imitan el artículo o marca original, causando un grave perjuicio a la imagen del producto en sí y a la empresa que lo ha desarrollado.
El trabajo de un detective en estos casos consiste en primer lugar en detectar que la falsificación se está produciendo y distribuyendo, y una vez encontrados los puntos de venta, seguir su rastro a través de los canales de distribución hasta llegar a los mayoristas y fabricantes de las falsificaciones.
Las pruebas obtenidas, que podrán ser ratificadas por el investigador privado en sede judicial siempre que sea necesario, son determinantes para apoyar la denuncia y poner así fin a estas actividades fraudulentas.

jueves, 2 de junio de 2016

Las pruebas de un detective, imprescindibles para denunciar un posible delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual

La Comisión Antipiratería para el Automóvil (CAPA) ha logrado que cuatro empresas sean investigadas "por ofertar y comercializar equipos de diagnosis falsificados para la reparación de automóviles".

La denuncia interpuesta por la CAPA en febrero de 2013 ha dado ahora sus frutos. "El juzgado instructor aprecia indicios de criminalidad en la actuación de los responsables", según explica la Comisión liderada por la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios de Automoción (ANCERA) en un comunicado. 

Una vez terminada la fase de investigación judicial, se consideró que había suficientes pruebas para pensar que se había podido cometer un delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual. Para llegar a esta conclusión, ha sido imprescindible el testimonio de los agentes de la Guardia Civil participantes en el operativo y el del detective privado que contrastó los hechos antes de formular la denuncia que puso en marcha las diligencias previas.

Finalizada la instrucción, el juez ha trasladado el caso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que formulen el correspondiente escrito de acusación. Desde la Comisión aseguran que pedirán la máxima pena "dados la gravedad y el riesgo que supone comercializar equipos de diagnosis falsificados".