La custodia compartida provoca un aumento de la intervención de detectives en procesos de divorcio

Con la custodia compartida, han aumentado los procesos de divorcio en los que se requiere la intervención de un detective privado. 

La demanda de detectives en esos casos se realiza para verificar si el progenitor atiende a los hijos o los deja con terceras personas, o si pone en riesgo la seguridad de los menores cuando está con ellos.

Son frecuentes también los casos en los que el ex-cónyuge alega no tener ingresos para salir beneficiado a la hora de fijar la pensión alimenticia de los hijos. Cuando se tienen sospechas de que realmente está trabajando, aunque sin nómina, recibiendo pagos en B, el objetivo del detective es obtener pruebas suficientes que demuestren que realiza una actividad laboral. El detective privado puede aportar pruebas gráficas de sus horarios de entrada y salida del trabajo y realizar gestiones que no dejen lugar a dudas de que se encuentra trabajando si la actividad se realiza de cara al público, tales como hacer una compra, solicitar un presupuesto, etc.

También es habitual recurrir a un detective para solicitar la modificación o extinción de la pensión compensatoria. En este caso, es el ex-marido quien contrata a los detectives para corroborar que la mujer percibe ingresos que no declara o que convive en pareja en su domicilio con otra persona.

Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

Un juzgado ha condenado a una mujer a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andalucía.

En la sentencia se ha declarado probado que la falsa profesional realizaba en su domicilio labores propias de podología por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente, por lo que le ha impuesto el pago de una multa, así como a indemnizar al colegio y al pago de las costas. 

En casos de intrusismo profesional, recurrir a detective privados permite conseguir pruebas inequívocas del fraude, que podrán ser aportadas y ratificadas por el investigador en sede judicial.

Fuente: Diario de Sevilla

Unos detectives descubren que una trabajadora desarrollaba tareas incompatibles con su situación de baja laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia desestimó el recurso presentado por la trabajadora de una residencia de ancianos sancionada con suspensión de empleo y sueldo de tres meses al ser sorprendida cuando cargaba una caja de seis kilos y desarrollaba una actividad que era incompatible con la lumbalgia por la que se encontraba de baja laboral.

El seguimiento que le hicieron unos detectives privados permitió comprobar que desarrollaba actividades incompatibles con la lumbalgia que alegó para pasar a la situación de Incapacidad Temporal (IT)

La empresa acusa a la trabajadora de «o bien prolongar su situación de incapacidad al desarrollar tareas que retrasan su curación, impidiendo su incorporación a su puesto de trabajo, o bien simular la situación de IT, o ambas cosas».

El seguimiento llevado a cabo por los detectives reveló que, entre otras actividades, la empleada llevó un día una caja de leche de seis litros y otra botella de un litro. Según la empresa, caminaba «a un ritmo normal con un total de siete litros durante diez minutos».

La Sala del TSJ concluye que «las actividades descritas en los hechos probados no se acreditan como aquellas que son recomendables para la curación de la lumbalgia, que serían las realizadas bajo la supervisión o recomendación de un profesional médico o fisioterapeuta».

Fuente: http://www.laverdad.es

Detectives para actuar contra las denuncias falsas por intoxicación alimenticia

La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia. 

El objetivo de esta iniciativa es poder obtener información directa de la forma en la que captan a los clientes, descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justicia Española.

Los hoteleros han fotografiado furgonetas con el rótulo de estos cazadores de reclamaciones ('claim farmers', en inglés), apostados a la puerta de establecimientos. 

Su modus operandi consiste en captar a turistas y animarles a interponer una denuncia por el mal estado de la comida, con el correspondiente parte médico. Lo que ocurre es que interponen las denuncias cuando regresan al Reino Unido, con el claro objetivo de conseguir una indemnización por ello.

Hace unos años se daban casos aislados, pero ahora los bufetes de abogados han extendido su estrategia gracias a las redes sociales y a un engranaje comercial, que desplaza a la isla a profesionales británicos en busca de falsos perjudicados.

El año pasado, a los hoteles de Mallorca les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. 

Aunque en principio la estafa sólo afecta a los establecimientos de todo incluido, cada vez está más extendida en todos los ámbitos turísticos.

Fuente: Diario de Mallorca

Un detective relata en un juicio cómo obtuvo las pruebas de que un local fotocopiaba libros completos

Un detective, contratado por una editorial gallega, ratificó en sede judicial que los empleados de un local le fotocopiaron varios libros de texto completos, lo que supone un delito contra la propiedad intelectual. 

El investigador privado, que se hizo pasar por un cliente, pudo probar así las sospechas de que el establecimiento pirateaba obras registradas.

El testimonio del detective contradijo la declaración de los dos administradores acusados de infringir la propiedad intelectual, que aseguraron en el juicio que no estaban físicamente en el local pero, como responsables, dieron órdenes expresas a su personal de fotocopiar solo el 10% de las páginas de cada libro, máximo autorizado por la ley.

Según la Fiscalía, las implicadas son dos empresas que actuaban de forma coordinada y conjunta, hasta el punto de hacer una las facturas de la otra, elaborar trabajos y encargos en un local u otro de forma indistinta y compartir trabajadores. Supuestamente, entre junio y octubre de 2012, las dos empresas fotocopiaron la totalidad del contenido de cuatro libros de ejercicios y teóricos de dibujo técnico de bachillerato.

Fuente: La Voz de Galicia

Un detective demuestra que un hombre tiene ingresos y puede pagar la pensión alimenticia a sus hijas

Un padre separado permanece en la cárcel por no abonar la pensión alimenticia a sus dos hijas. El acusado asumió la autoría de los hechos y aceptó una pena de siete meses y medio de prisión, sumando así su cuarta condena firme por el mismo motivo. 

A raíz de la sentencia de divorcio del matrimonio dictada en 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, estableció que el padre debía abonar cada mes casi 1.000 euros a sus dos hijas en concepto de pensión de alimentos. Pero ante los sucesivos impagos desde 2009, el acusado fue acumulando condenas. En abril de 2011 fue la primera y se le castigó a trabajos en beneficio de la comunidad. En octubre de 2013 llegó la segunda sentencia y, en febrero de 2014, la tercera, que dictaminó el ingreso en prisión por reincidencia.

En su escrito inicial, la fiscal solicitó la libre absolución al estimar que el padre carecía de capacidad económica para pagar la pensión, llegando a ser archivada la causa. Sin embargo, se reabrió cuando la acusación particular demostró, gracias a la intervención de un detective privado, que el hombre tiene una actividad de comercial y que dispone de ingresos económicos.

Fuente: FARO DE VIGO

Detectives privados para destapar intentos de estafa a las compañías aseguradoras

Entre los casos más sorprendentes de intentos de estafa al seguro surgidos durante el año 2016, destaca un intento de fraude protagonizado por un grupo de cuatro amigos.

Tras sufrir un accidente de tráfico, todos resultan lesionados, sufriendo la más grave de ellos un traumatismo craneoencefálico severo.

Cuando sale del coma en el que pasa varios días, sus habilidades cognitivas se han visto afectadas: presenta un coeficiente intelectual límite, muestra dificultades importantes para la comunicación y no sabe manejar el dinero ni ubicar el tiempo. Todos los médicos que valoran el caso pronostican una futura dependencia.

Aunque los jóvenes son susceptibles de mejorar algo, ella no parece mejorar nada, pero en una revisión realizada a solas, uno de los médicos nota cambios en su actitud. No se encuentra dirigida en sus respuestas, como cuando va acompañada: reconoce ir a veces sola a rehabilitación, utilizar el transporte público, etc.

Ante las sospechas, se realizan una serie de investigaciones en las redes sociales, encontrando en tres redes distintas que la joven hace vida normal: tiene nuevo novio, queda con los amigos, publica fotos con frecuencia, emplea dobles sentidos en su lenguaje…

Un seguimiento posterior de un detective privado demuestra que transita sola por la calle, entra en comercios y paga por sí misma, etc. Es decir, las consecuencias reales del accidente, aun existiendo, no han sido tan graves como ella simula.

En los juzgados, el abogado de la chica exigió una indemnización de un millón de euros, mientras que el fiscal exigió 750.000. No obstante, las pruebas presentadas por la aseguradora desmontaron la tesis de la accidentada, según la cual dependía totalmente de sus familiares.

La indemnización final queda en unos 230.000 euros. La sentencia reconoce una incapacidad permanente total, pero no otorga compensación por ayuda de tercera persona, ni por daño moral de los familiares. Tampoco se produce desembolso alguno por gastos ni por intereses.

Fuente: intereconomia.com