Un detective relata en un juicio cómo obtuvo las pruebas de que un local fotocopiaba libros completos

Un detective, contratado por una editorial gallega, ratificó en sede judicial que los empleados de un local le fotocopiaron varios libros de texto completos, lo que supone un delito contra la propiedad intelectual. 

El investigador privado, que se hizo pasar por un cliente, pudo probar así las sospechas de que el establecimiento pirateaba obras registradas.

El testimonio del detective contradijo la declaración de los dos administradores acusados de infringir la propiedad intelectual, que aseguraron en el juicio que no estaban físicamente en el local pero, como responsables, dieron órdenes expresas a su personal de fotocopiar solo el 10% de las páginas de cada libro, máximo autorizado por la ley.

Según la Fiscalía, las implicadas son dos empresas que actuaban de forma coordinada y conjunta, hasta el punto de hacer una las facturas de la otra, elaborar trabajos y encargos en un local u otro de forma indistinta y compartir trabajadores. Supuestamente, entre junio y octubre de 2012, las dos empresas fotocopiaron la totalidad del contenido de cuatro libros de ejercicios y teóricos de dibujo técnico de bachillerato.

Fuente: La Voz de Galicia

Detectives para proteger la propiedad intelectual

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, que condenó a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por vulnerar el derecho a la propiedad intelectual de los autores que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) representa.

La anterior sentencia obligaba a la universidad a retirar de su campus virtual todos los ficheros de obras que ponía a disposición de los alumnos para su descarga directa. Esos ficheros, con reproducciones de manuales o libros académicos, están a disposición de los estudiantes en el espacio virtual y son abiertos por cada profesor con los materiales relacionados con su asignatura: apuntes de clase, presentaciones o fragmentos de obras protegidas.

Además de desestimar el recurso de apelación de la UAB, la Audiencia incrementa la indemnización por daños y perjuicios a CEDRO concedida por el Juzgado Mercantil e indica que el hecho de que la UAB desempeñe una actividad de interés general "no le exime de la obligación de adaptar su actuación al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos ajenos, que se ven perjudicados por esta modalidad de explotación".

Para comprobar los hechos, CEDRO contrató una agencia de investigación privada, que matriculó a dos detectives en el primer curso del Grado de Lengua y Literatura Españolas y en el primer curso del Grado de Humanidades en el año académico 2010-2011. Ambos obtuvieron la clave de usuario y contraseña para acceder al campus virtual y levantaron sendas actas desde un despacho de notario, que accedió a través de un ordenador de su notaría a la página web de la UAB y al campus virtual y vio los textos reproducidos de obras protegidas por derechos de autor.

Fuente: ABC