La crisis ha desatado una ola de desconfianza en el mundo financiero desconocida hasta la fecha. Mientras que los ahorradores temen invertir en un fondo de inversión fantasma, las empresas evitan vender a clientes insolventes que desaparecen casi sin dejar rastro.
Para muchos bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro, la solución apunta en una sola dirección: contratar a detectives privados para localizar a morosos y averiguar si una persona posee bienes suficientes con los que hacer frente al pago de una deuda. En tres de cada cuatro casos, los informes demuestran la solvencia del deudor.
La morosidad, que se eleva ya al 11,2% de los créditos concedidos, se erige en el principal problema de la banca. Así, de cada 100 euros prestados, 11 están en demora (con más de tres meses de impagos). Un dato que se agrava si se atiende a los promotores inmobiliarios, en cuyo caso la tasa de morosidad alcanza un preocupante 30%.
En la mayoría de los casos, las entidades recurren a los servicios de investigación privada para localizar al deudor, que a veces huye incluso con otra identidad, con el fin de notificarle correctamente el importe total del impago. En algunas ocasiones, el objetivo es también tratar de negociar una refinanciación.
La falta de datos fiables sobre la solvencia de sus clientes es otra de las debilidades de los bancos, que se han visto obligados a invertir ciertas cantidades en investigar a los morosos para detectar casos de gente que puede pagar y no lo hace. La labor del detective en estos casos es la de aportar propiedades para poder embargar los bienes de aquellos que han solicitado un crédito o firmado una hipoteca.
Conocer el tipo de renta de la que se dispone, por tanto, es una de las prioridades que se fijan las entidades financieras, puesto que, al acceder a estos datos, tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento legal. Es lo que se conoce como información resolutiva.
La ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, establece que los detectives privados están habilitados para obtener información de personas y, por ende, tratar los datos sin necesidad de obtener el consentimiento del afectado, siempre que no se utilicen para ello "medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar". De ahí que su labor pase también por verificar el domicilio de los deudores, que no siempre proporcionan datos reales.
Desde el estallido de la crisis, a las portadas de los periódicos no han dejado de aflorar todo tipo de pufos financieros y de delitos empresariales que hasta entonces la bonanza económica parecía haber encubierto.
También cada vez con más frecuencia se solicita a los detectives privados información preventiva, es decir, informes de confianza para conocer el comportamiento de pago de una persona o empresa con la que se pretende iniciar una relación comercial.
Defraudar a la compañía de seguros continúa siendo una práctica habitual entre muchos españoles, que tienden a magnificar lesiones de un accidente para obtener una mayor indemnización de la póliza. Este tipo de casos se ha incrementado un 30% en los dos últimos años.
La situación económica ha hecho proliferar las estafas, al punto de que bajas fingidas, duplicidad de empleos, subarrendamientos no autorizados e incluso matriculaciones fraudulentas en colegios centran ahora el trabajo de los detectives, cuyo objetivo es aportar un informe con pruebas para que las empresas tomen medidas.
Fuente: malagahoy.es
La sentencia indica que la empresa en la que trabajaba comprobó, a través de la investigación realizada por un detective privado, que el empleado, cuando se encontraba en situación de incapacidad temporal, prestaba servicios en el taller de mecánica del que era propietario.
