Cámaras ocultas: sólo las grabaciones efectuadas por detectives son admitidas por los Tribunales

Los sistemas de video-vigilancia de las empresas no son admitidos como prueba de infracciones laborales

El Tribunal Supremo ha confirmado la improcedencia del despido de una trabajadora, declarando que la empresa no puede utilizar como prueba de infracciones laborales las filmaciones realizadas a través de su sistema de vídeo-vigilancia. La trabajadora, cajera en un supermercado, fue despedida por no registrar la venta de diversos productos, conforme se observaba en las grabaciones del sistema de cámaras.

En base a la doctrina del Tribunal Constitucional en la sentencia 29/2013, de 11 de febrero, el Tribunal Supremo argumenta que, pese a que el sistema de grabación estaba señalizado y el fichero registrado en la Agencia de Protección de Datos, no se había informado a los trabajadores del tratamiento de dichos datos con finalidades de control laboral y disciplinarias.

La finalidad del sistema de videovigilancia es la protección de las instalaciones. Sin embargo, la instalación de sistemas de grabación por parte de detectives privados legalmente habilitados o la grabación directa realizada por el detective, de forma temporal y en el marco de una investigación concreta, no constituye un sistema de videovigilancia a los efectos de la instrucción 1/2005 de la Agencia Española de Protección de Datos. Por ello, no se exige el consentimiento, ni conocimiento, del afectado para dicho tratamiento siempre que se respeten los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta. Así, El Tribunal Constitucional, en su sentencia 186/2000, señala:

“...el hecho de que la instalación del circuito cerrado de televisión no fuera previamente puesta en conocimiento del Comité de empresa y de los trabajadores afectados (sin duda por el justificado temor de la empresa de que el conocimiento de la existencia del sistema de filmación frustraría la finalidad apetecida) carece de trascendencia desde la perspectiva constitucional.”

La grabación mediante cámaras ocultas es un método habitual en las investigaciones llevadas a cabo por detectives privados en el entorno empresarial: apropiaciones indebidas, descubrimiento y revelación de secretos, sabotajes… 

Por todo ello, la contratación de detectives privados ante un caso de fraude empresarial supone la mejor opción.

Detección de micrófonos ocultos: el barrido electrónico

La Detección de Micrófonos Ocultos, conocida profesionalmente como Barrido Electrónico, consiste en la realización de una búsqueda exhaustiva encaminada a la detección, localización y, si es solicitado, la eliminación de dispositivos espía.

Las siglas TSCM, abreviatura de "Técnicas de Vigilancia Contra Medidas" (Technical Surveillance Counter-Measures), denominan los servicios de localización de micrófonos, detección de líneas telefónicas intervenidas y, en general, cualquier tipo de escucha no autorizada.

Para detectar micrófonos ocultos correctamente es necesario, además del uso de equipos electrónicos de alta tecnología, un conocimiento pormenorizado de los medios de espionaje y de los posibles lugares donde podrían colocarse.

Aunque históricamente los usuarios habituales de este tipo de servicios han sido y son organismos públicos, en los últimos años la demanda por parte del sector privado, Pymes y grandes empresas, o clientes particulares ha aumentado considerablemente. Nadie está libre de ser espiado a través de micrófonos ocultos, ya sea por motivos empresariales o laborales, o por asuntos familiares: relaciones sentimentales, separaciones o divorcios, custodias de menores, etc.

Si observa anomalías en su terminal telefónico o en electrodomésticos, o se ha percatado de que ciertas personas disponen de información que creía conocer sólo usted, es posible que esté siendo víctima de este tipo de escuchas.

Tarifas de detectives: ¿Cuánto cuesta contratar a un detective privado?

Aunque cada caso es diferente, en Axira Detectives nos gusta ofrecer presupuestos claros, sin sorpresas de última hora, ni costes adicionales no presupuestados inicialmente.

Por eso disponemos de una tarifa única para vigilancias y observaciones en Madrid, en base al número de las horas de observación y seguimiento que se lleven a cabo, independientemente del día de la semana o el horario en que se realicen: 40 €/hora.

A ese coste, y sólo en caso de que fuese necesario, únicamente habría que añadir la minuta por la ratificación judicial del informe ante el juzgado correspondiente por parte del detective encargado de la investigación.

Si desea obtener un presupuesto ajustado a su caso, para realizar un seguimiento o cualquier otro tipo de investigación, no dude en llamarnos al 693 66 11 54 o enviarnos su consulta a través del siguiente formulario:

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Resolveremos sus dudas de forma inmediata y le ofreceremos un presupuesto personalizado gratis, sin compromiso, en menos de 24 horas.

Detectives privados contra el fraude en los contratos de alquiler

El papel del detective en la extinción de contratos de locales de renta antigua

Conforme a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de arrendamiento de un local de renta antigua se extingue con la jubilación o el fallecimiento del arrendatario, a menos que se hubiesen producido las subrogaciones permitidas por la Ley, en los términos en que ésta dispone.

Se hayan producido subrogaciones o no, el contrato se extinguirá transcurridos 20 años desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, esto es, el 1 de enero de 2015. Sin embargo, cuando el traspaso del local de negocio se hubiese producido en los diez años anteriores al 1 de enero de 1995, la fecha de finalización de dicho contrato de arrendamiento se prolongaría cinco años más, es decir, finalizaría el día 1 de enero de 2020.

El papel del detective privado consiste en verificar el cumplimiento de la Ley entorno a las subrogaciones y, en caso de no haberse subrogado, comprobar el estado del arrendatario, confirmando, si procede, la posible jubilación o el fallecimiento de éste, hecho que en algunos casos se oculta al arrendador para continuar beneficiándose de la renta antigua.

Axira Detectives - Investigación de fraudes en arrendamientos:

http://www.axiradetectives.com/detectives-madrid-arrendamientos.html

Divorcios de conveniencia, en alza en las agencias de detectives

El llamado "divorcio de conveniencia" es un fenómeno en alza en nuestro país, nacido como consecuencia de la actual crisis económica, quedando atrás los matrimonios de conveniencia y los fraudes en la escolarización, en los que los padres cambian el domicilio de los niños con el objetivo de asegurarles una plaza en un colegio de su preferencia.

En el divorcio de conveniencia, parejas asfixiadas por las deudas fingen una ruptura afectiva para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el contenido patrimonial más relevante. 

El trámite es rápido y no entraña excesiva dificultad. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el Juzgado. La pareja se divorcia legalmente, pero ambos siguen conviviendo con normalidad y, excepto en los casos en que entran en escena detectives privados contratados por los económicamente afectados, nadie tiene por qué enterarse.

A priori parece sencillo, pero es importante señalar que un divorcio ficticio conlleva un riesgo elevado que se traduce en la posibilidad de que los simuladores sean denunciados y condenados como culpables de un delito de alzamiento de bienes y se vean, no sólo sin patrimonio sino, además, teniendo que hacer frente a penas de prisión. Nos encontramos ante un fraude de ley, puesto que se utilizan maliciosamente los medios que ofrece el ordenamiento jurídico con una finalidad manifiestamente distinta al objetivo esencial de un divorcio.

Fuente: La Opinión de Tenerife

Detectives contra el intrusismo en el sector veterinario

El intrusismo en el mundo veterinario es un hecho, desde hace ya bastantes años, que pone en riesgo tanto la salud del animal como la de las personas, ya que muchas veces se tratan enfermedades transmisibles del animal al humano que está en contacto con él.

Existe una gran cantidad de irregularidades en el sector. La más común, la aplicación de vacunas. Siempre que se administra un medicamento a una mascota, es necesario valorar previamente el estado inmunitario del animal, ya que pueden sufrir reacciones adversas que puedan provocar incluso la muerte si se realiza por personas sin el suficiente conocimiento y no se dispone de las instalaciones necesarias. 

A pesar de las dificultades de las investigaciones, ya que no es fácil demostrar que alguien ha administrado un tratamiento a posteriori, los veterinarios contratan detectives privados para obtener pruebas que verifiquen dicho intrusismo, castigado por el artículo 403 del Código Penal. 

Los casos más fáciles de demostrar son los de las falsificaciones de firmas cuando algún propietario de una clínica, que no tiene la titulación requerida, aplica un tratamiento y falsifica la firma de un subordinado que sí es veterinario y está colegiado.

Fuente: malagahoy.es

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