Alzamiento de bienes: Un detective demuestra la situación financiera real de un supuesto insolvente

Un periodista se sentará en el banquillo acusado de un delito de alzamiento de bienes para no pagar una indemnización relativa a una condena por estafa.

El hombre fue condenado en 2007 a tres años de cárcel por fingir un robo en el chalé que cuidaba en abril de 1997 y en el que almacenó varios muebles antiguos procedentes de una herencia. El fallo declaró probado que, para simular el asalto, causó un incendio en la vivienda, y la sentencia le obligaba a indemnizar con 188.000 euros a los perjudicados por los daños y por el robo. El acusado se declaró insolvente y no pagó la mayor parte de la indemnización reclamada.

Los perjudicados contrataron a un detective privado para averiguar cuál era su situación financiera real ya que, pese a su insolvencia, aparecía como director de un medio de comunicación e intervenía en varios programas de televisiones locales. 

A la vista del informe del detective, la Audiencia ordenó abrir diligencias contra el periodista. El fiscal considera que creó un entramado societario, controlado por él mismo, para impedir conocer cuál era su realidad económica. «Toda la información y certificaciones obtenidas por los operarios judiciales respecto a su situación patrimonial ha sido negativa o nula, a pesar de llevar una actividad laboral continuada, constituir sociedades, ser titular de revistas on-line y participar en tertulias que le han reportado un beneficio económico que se mantiene oculto», concluye el fiscal.

Fuente: Diario Información

Divorcios de conveniencia, en alza en las agencias de detectives

El llamado "divorcio de conveniencia" es un fenómeno en alza en nuestro país, nacido como consecuencia de la actual crisis económica, quedando atrás los matrimonios de conveniencia y los fraudes en la escolarización, en los que los padres cambian el domicilio de los niños con el objetivo de asegurarles una plaza en un colegio de su preferencia.

En el divorcio de conveniencia, parejas asfixiadas por las deudas fingen una ruptura afectiva para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el contenido patrimonial más relevante. 

El trámite es rápido y no entraña excesiva dificultad. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el Juzgado. La pareja se divorcia legalmente, pero ambos siguen conviviendo con normalidad y, excepto en los casos en que entran en escena detectives privados contratados por los económicamente afectados, nadie tiene por qué enterarse.

A priori parece sencillo, pero es importante señalar que un divorcio ficticio conlleva un riesgo elevado que se traduce en la posibilidad de que los simuladores sean denunciados y condenados como culpables de un delito de alzamiento de bienes y se vean, no sólo sin patrimonio sino, además, teniendo que hacer frente a penas de prisión. Nos encontramos ante un fraude de ley, puesto que se utilizan maliciosamente los medios que ofrece el ordenamiento jurídico con una finalidad manifiestamente distinta al objetivo esencial de un divorcio.

Fuente: La Opinión de Tenerife

Detectives frente a la competencia desleal

Aunque es legal que una empresa emplee sistemas y métodos para ganar clientes y aumentar así sus ventas o servicios, no lo es utilizar métodos ilícitos contra otras empresas para obtener un beneficio propio: la llamada competencia desleal.

Cada vez son más las empresas que recurren a detectives privados para investigar casos que afectan de forma negativa a sus negocios: competencia desleal, bajas fingidas, hurtos dentro de la empresa, mal uso de marcas comerciales, fraudes, alzamiento de bienes, verificación de lesiones… 

El trabajo del investigador privado en estos casos se encamina a la búsqueda de pruebas que puedan ser utilizadas posteriormente en un procedimiento judicial.


Algunas de las conductas consideradas de mala fe comercial son:

· Desviación de clientela a través de medios deshonestos.

· Crear confusión respecto a la actividad real de la empresa.

· Inducir a engaño a los clientes sobre la actividad de la empresa, servicios o características de los productos.

· Desprestigiar o calumniar la actividad, el establecimiento o la empresa.

· Comparaciones en público sobre la actividad, servicio o productos, mediante aseveraciones falsas y difícilmente comprobables.

· Hacer uso de la fama o reputación ajena en beneficio de nuestra empresa particular.

· Revelar secretos industriales.

· Romper cláusulas de exclusividad.

El trabajo de los investigadores privados es imprescindible para la lucha contra la competencia desleal producida por ex trabajadores de la propia empresa o por actividades ilícitas por parte de empresas de la competencia. Estos profesionales se encargan de recopilar información y pruebas, con validez legal, sobre las malas conductas de terceros. Finalizada la investigación, elaboran un informe, con fotos y vídeos, que ponen a disposición del cliente para su posterior utilización en sede judicial.

Aunque inicialmente la contratación de detectives puede no parecer un servicio barato, su coste no supone nada comparado con los beneficios que la investigación puede aportar al empresario a la larga.


Fuente: CANALTEMATICO

Detectives investigan una posible estafa en un cementerio

Una familia ha denunciado a la empresa propietaria del cementerio privado de Riba-roja «Parque San Jaime» por un presunto delito de estafa y de alzamiento de bienes, alegando que ha entrado en concurso y no ha informado de esta situación a los dueños de las sepulturas, criptas, panteones y otros servicios de los que disfrutan los copropietarios de los terrenos.

La empresa denunciada es propietaria del 99,08% de la finca destinada al cementerio y dueña de otro edificio que contiene la zona de morgue, velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas.

La familia denunciante es propietaria de un panteón familiar desde el año 1993 y, ante la falta de conservación visible y apreciable que éste sufría, averiguó que la empresa se encontraba en concurso, seguido en un juzgado de lo Mercantil de Valencia. La familia en cuestión entiende que, ante esta nueva situación, el cementerio queda completamente abandonado, por lo que no se prestarán los servicios contratados, como el mantenimiento general de los jardines e instalaciones, y que, por ese motivo, dar sepultura a un familiar puede ser una tarea complicada. 

Todas estas averiguaciones han salido a la luz después de que la familia denunciante contratara los servicios de una agencia de detectives que se personó en el camposanto. Una empleada del cementerio facilitó todos los servicios que éste prestaba con total normalidad sin mencionar, en ningún momento, el estado real y actual de la empresa. Ante estas declaraciones, la familia entiende que estos hechos pueden incluir un delito de estafa y de ahí que hayan decidido denunciar el grave perjuicio que estos hechos pueden ocasionar a las demás personas que en su día contrataron los servicios de este cementerio.


Fuente: Levante-EMV