Domingo, tres de la tarde. Dos detectives privados se presentan a comer, de incógnito, en uno de los tres centros de día
para jubilados que la Junta tiene en Burgos. Les sirven sin problema. A ellos y
a parejas jóvenes, niños, trabajadores y otros comensales. Pagan 12 euros por
dos platos de paella y dos de pollo, más vino y gaseosa. Igual que ocurrió
otros dos domingos de octubre, en los que los investigadores documentaron el
acceso libre de la clientela, tanto en los comedores de jubilados, como en las
cafeterías de la Universidad.
Familias con niños, cuadrillas de obreros, repartidores y ancianos
aparecen en el informe de los detectives, comiendo con total
normalidad en las cafeterías de Derecho, Ciencias, la Politécnica o Económicas.
En esta última, además, un cartel anuncia celebraciones económicas para grupos
con 20 referencias en el menú y vino. Uno de los días que los detectives
visitaron esa cafetería, en torno a 60 niños, acompañados de 5 o 6
adultos, comían allí.
El libre acceso de cualquier persona a los comedores de los centros de jubilados y al de la Universidad está considerado por la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería como competencia desleal, e insisten en que las administraciones públicas la favorecen al amparar y permitir que, por parte de las empresas adjudicatarias, no sólo se den comidas en espacios públicos a cualquier persona, sino que se organicen eventos y celebraciones como si de cualquier restaurante se tratase, a precios reducidos.
Para apoyar esta queja, la Federación presentó el informe elaborado por una agencia de detectives privados en el que se documentan las irregularidades.
Fuente: El Correo de Burgos
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