El Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria), de casi 30.000 habitantes, ha recurrido a detectives privados para descubrir la identidad de los vecinos y foráneos que no cumplen con el deber cívico de recoger los excrementos de sus perros en la vía pública.
Los investigadores graban y fotografían a los infractores, e informan a la Corporación de dónde viven para que les lleguen las multas, que oscilan entre 30 y 3.001 euros, cuantía que se eleva según sea la falta a la normativa y las condiciones en las que se encuentra el animal, como la ausencia de bozal en la calle si se tratara de una raza peligrosa.
El municipio ha contratado a dos detectives para poder sancionar a los propietarios que, en un acto insolidario, dejan los excrementos de sus animales en las vías públicas y parques infantiles.
La medida se acompaña con campañas de concienciación y la colocación de bolsas para la recogida de las cacas de los perros, tanto en una avenida principal, como en el casco histórico y otras zonas del municipio. A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento, las quejas de los vecinos por la presencia de excrementos de perros no decrecen, razón por la que continúan recurriendo a la contratación de detectives.
Los investigadores privados han sido contratados en campañas de 15 días o un mes durante los tres últimos años. La última vez que actuaron, quince personas fueron multadas, bien por tener los perros sueltos, o dejar los excrementos en la vía pública.
Fuente: Público.es
