Un detective relata en un juicio cómo obtuvo las pruebas de que un local fotocopiaba libros completos

Un detective, contratado por una editorial gallega, ratificó en sede judicial que los empleados de un local le fotocopiaron varios libros de texto completos, lo que supone un delito contra la propiedad intelectual. 

El investigador privado, que se hizo pasar por un cliente, pudo probar así las sospechas de que el establecimiento pirateaba obras registradas.

El testimonio del detective contradijo la declaración de los dos administradores acusados de infringir la propiedad intelectual, que aseguraron en el juicio que no estaban físicamente en el local pero, como responsables, dieron órdenes expresas a su personal de fotocopiar solo el 10% de las páginas de cada libro, máximo autorizado por la ley.

Según la Fiscalía, las implicadas son dos empresas que actuaban de forma coordinada y conjunta, hasta el punto de hacer una las facturas de la otra, elaborar trabajos y encargos en un local u otro de forma indistinta y compartir trabajadores. Supuestamente, entre junio y octubre de 2012, las dos empresas fotocopiaron la totalidad del contenido de cuatro libros de ejercicios y teóricos de dibujo técnico de bachillerato.

Fuente: La Voz de Galicia

Un detective demuestra que un hombre tiene ingresos y puede pagar la pensión alimenticia a sus hijas

Un padre separado permanece en la cárcel por no abonar la pensión alimenticia a sus dos hijas. El acusado asumió la autoría de los hechos y aceptó una pena de siete meses y medio de prisión, sumando así su cuarta condena firme por el mismo motivo. 

A raíz de la sentencia de divorcio del matrimonio dictada en 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, estableció que el padre debía abonar cada mes casi 1.000 euros a sus dos hijas en concepto de pensión de alimentos. Pero ante los sucesivos impagos desde 2009, el acusado fue acumulando condenas. En abril de 2011 fue la primera y se le castigó a trabajos en beneficio de la comunidad. En octubre de 2013 llegó la segunda sentencia y, en febrero de 2014, la tercera, que dictaminó el ingreso en prisión por reincidencia.

En su escrito inicial, la fiscal solicitó la libre absolución al estimar que el padre carecía de capacidad económica para pagar la pensión, llegando a ser archivada la causa. Sin embargo, se reabrió cuando la acusación particular demostró, gracias a la intervención de un detective privado, que el hombre tiene una actividad de comercial y que dispone de ingresos económicos.

Fuente: FARO DE VIGO