Uno de los primeros casos que se dieron a conocer en cuanto a secuestros parentales fue el llamado "Caso Julia Sofía". Este secuestro parental adquirió gran importancia internacional, ya que comenzó en Argentina, continuó en Estados Unidos y llegó finalmente a España.
La madre de Julia Sofía viajó desde Córdoba (Argentina) a Estados Unidos con la intención aparente de realizar negocios en la ciudad de Nueva York y llevando consigo a la menor, que por entonces tenía dos años de edad.
Sin embargo, la mujer no regresó a Argentina, y después de unos meses en EE.UU., viajó con la niña a España, estableciéndose en Sevilla con parte de su familia residente en esa localidad.
El padre de la menor acudió desde un primer momento a la justicia de su país, así como a la de Estados Unidos y España, con el objetivo de recuperar el contacto con su hija. Tras intentar varios caminos buscando a su hija, finalmente contrató a una agencia de detectives en España, que ubicó a la niña y le brindó todos los datos suficientes para entablar una demanda por paternidad en Sevilla.
Pero este caso no es único. Como él, cientos de padres y madres son víctimas de lo que se conoce como un secuestro parental o sustracción ilícita de menores, un delito que ocurre cuando uno de los dos progenitores arrebata el o los hijos de la pareja de su entorno habitual y desaparece con ellos, normalmente a un país extranjero.
El aumento de la inmigración, unido a la crisis -que por un lado está empujando a muchos foráneos a desandar el camino y, por otro, es detonante de multitud de separaciones-, ha incrementado en los últimos años este fenómeno, hasta duplicarse el número de casos en apenas una década, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. En 2010, último ejercicio del que hay datos, las autoridades españolas tramitaron 214 expedientes; de ellos, 123 eran menores reclamados por España a otros países, mientras que 91 eran peticiones de otros estados sobre niños supuestamente traídos ilegalmente.
