El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre a dos años de prisión y al pago de una multa de 6.200 euros por un delito de estafa procesal, confirmando así la sentencia dictada al respecto en enero de este año por la Audiencia Provincial de Asturias.
Este vecino de Frieres Langreo aportó al juzgado de primera instancia que llevaba su divorcio en Gijón un contrato de alquiler de vivienda que fijaba una renta de 600 euros. Con ello, consiguió que la pensión alimenticia que debía abonar por su hija a su ex-mujer se rebajara de los 600 a los 550 euros. Es decir, simuló un contrato de alquiler para obtener una rebaja de 50 euros en la pensión alimenticia e incluso llegó a utilizar dicho contrato para recurrir en la apelación de la sentencia para solicitar una rebaja mayor en la pensión.
La ex-mujer contrató a unos detectives privados, que descubrieron el engaño. En realidad el piso supuestamente alquilado era el de un amigo, verdadero ocupante del inmueble, que ha sido también condenado a un año y medio de cárcel y al pago de 1.440 euros como cooperador necesario en la estafa.
La sentencia del alto tribunal rechaza todos los motivos alegados por las defensas de los condenados y asegura que "resulta indiscutible" que el contrato de arrendamiento era simulado y su objetivo "se limitaba, pues, a aparentar una relación contractual pero sin una situación fáctica extracontractual que la sustentara".
Gracias a las pruebas de los detectives privados, ha quedado acreditada la "conducta engañosa" del recurrente "para engañar con ánimo de lucro al juez civil, dolo defraudatorio que además tuvo transcendencia a la hora de dictar la sentencia de divorcio".
Fuente: 20minutos
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