Cuando surge desconfianza en el ámbito empresarial, contratar a un detective privado proporciona la información necesaria a la hora de tomar de decisiones inteligentes.
En relación a los empleados, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20.3, otorga al empresario la facultad para adoptar las medidas de control y vigilancia que estime más oportunas con el fin de verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones. Además, en el artículo 54, se enumeran las circunstancias por las que el contrato de trabajo puede ser extinguido por parte del empresario mediante un despido disciplinario, basándose en incumplimientos contractuales por parte del trabajador.
La intervención de un detective en este tipo de casos es, por tanto, lícita y pieza clave para obtener pruebas inequívocas de la conducta del trabajador, que podrán ser aportadas en sede judicial siempre que fuera necesario y ratificadas por el investigador cuando así se le requiriese.
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