
El apelante reclamó que se rebajara la pensión de 2.000 euros que entrega a sus hijos desde que se dictó la sentencia de separación, en febrero de 2009, basando su solicitud en que su situación económica ha empeorado y requiriendo que el importe de la pensión fuese actualizado teniendo en cuenta la nueva situación.
El tribunal, al desestimar su recurso, indica que la actividad laboral que desarrolla puede constituir un medio fácil para ocultar ingresos. Además, el informe de los detectives privados, que acredita la existencia de determinados signos externos reveladores de un importante nivel económico-social, se muestra contradictorio con el progresivo descenso que alega.
Fuente: La Opinión de Murcia
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