Con la crisis económica, los fraudes empresariales en los casos de excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares han aumentado hasta un 21%.
Aunque la regulación de este tipo de casos tiene su base en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas demandan cada vez más la contratación de detectives privados por el abuso de algunos trabajadores ante estas solicitudes. Sus fines son otros: competencia desleal, creación de un negocio propio o dedicación al ocio.
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46, reconoce dos tipos de excedencias: la voluntaria y la forzosa. En este sentido, los convenios colectivos califican de "especial" las situaciones de excedencia similares a la forzosa y derivadas de circunstancias no convencionales como el cuidado de menores o familiares, o la maternidad.
Durante los últimos años, las investigaciones por fraudes -no solo en las excedencias, sino también en las jornadas reducidas- se han incrementado en un 21% y un 24%, respectivamente. Esto se debe a que muchos de los motivos alegados a la empresa por el trabajador no coinciden con los que son en la realidad.
Las compañías son, en todo momento, las máximas afectadas por este tipo de estafas. Muchas sufren pérdidas de competitividad, además de verse obligadas a llevar a cabo contrataciones innecesarias para suplir al trabajador que se acoge ilegalmente a esa excedencia o jornada reducida. El aumento de costes en la formación a otros empleados, así como la reorganización de la plantilla son otros de los contratiempos a los que debe enfrentarse la dirección de la empresa afectada.
Tras esta problemática, la investigación llevada a cabo por los detectives es clave para que la pérdida económica a la que se enfrentan las organizaciones no desemboque en la quiebra de estas.
Para llevar a cabo esta investigación, la misión del detective es comprobar si esas horas solicitadas por el trabajador son empleadas correctamente y con dedicación absoluta a la causa por la cual fueron demandadas a la compañía. Para ello obtienen pruebas que posteriormente, si la organización así lo desea, podrán utilizarse ante un juez.
Fuente: CincoDías
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