En los casos en los que existe un incumplimiento contractual que conlleva la rescisión de un contrato de alquiler, la intervención de un detective privado es imprescindible a la hora de obtener pruebas concluyentes que aportar en el proceso judicial.
En los últimos años, con la proliferación de plataformas de alquiler de viviendas turísticas, se han incrementado los casos en los que el arrendatario decide rescindir el contrato al enterarse de que su vivienda está siendo subalquilada como tal, bien porque la Comunidad de Propietarios lo haya prohibido expresamente en sus estatutos, porque los vecinos se quejen de actos vandálicos por parte de los ocupantes o simplemente porque no ha existido un pacto previo entre arrendador e inquilino para hacerlo. Además, en todo caso es preciso dar de alta la vivienda como "de uso turístico".
El informe elaborado por un detective legalmente habilitado, en el que se incluyen fotografías y grabaciones de audio y/o vídeo, así como todos los documentos que se hayan obtenido en el transcurso de la investigación, podrá ser presentado como prueba en sede judicial y ratificado por el mismo siempre que sea preciso.
