El Concurso de Acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica llega a un estado de insolvencia en el que no puede hacer frente a los pagos que adeuda.
La principal finalidad del Concurso de Acreedores es la de regular el reparto de las pérdidas, protegiendo a los trabajadores y posponiendo a aquellos que han influido en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, tales como administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado.
En estos casos, se producen a menudo situaciones en perjuicio de los intereses de acreedores o empleados en las que se hace imprescindible la intervención de detectives privados que verifiquen circunstancias tales como:
• Traspasos simulados.
• Supuestas deudas.
• Compras de bienes a nombre de terceras personas en perjuicio de los acreedores.
• Continuidad de la actividad de la empresa, con otro nombre o localización.
La labor de los detectives privados encargados de este tipo de investigaciones se centra normalmente en la realización de:
• Seguimientos de los administradores o propietarios.
• Localización del lugar donde se encuentra el nuevo emplazamiento de la empresa en caso de que se continúe con su actividad.
• Obtención de evidencias de la actividad laboral desarrollada en ella.
• Aportación de pruebas del traslado de material, maquinaria o mobiliario.