El reciente escándalo de espionaje a políticos, empresas y personajes famosos en Cataluña ha puesto en duda la legitimidad de las prácticas de las agencias de detectives privados.
Sin embargo, la ley es clara. El contratante debe tener un interés legítimo en investigar a la otra persona y, en cuanto al uso de cámaras ocultas y grabaciones, se considera legal registrar conversaciones siempre y cuando se forme parte de la conversación. También está permitido grabar imágenes en lugares públicos, pero no de ámbito privado.
Las principales causas de contratación de servicios de investigación privada están relacionadas con aspectos de ámbito familiar y laboral.
Con la crisis y las dificultades económicas generalizadas, muchas personas no pueden permitirse las pensiones a sus exparejas y recurren a la investigación privada, ya que demostrar que la expareja tiene unos ingresos en negro o que vive con su nueva pareja, y que por tanto no tiene los gastos que declaraba antes, podría llevar a la reducción de la pensión compensatoria o incluso a su eliminación.
Desde la implantación de la custodia compartida, gran parte de los casos familiares guardan relación con esta causa, tratando una de las dos partes de desvirtuar a la otra para inclinar a su favor la sentencia. Demostrar que el otro no tiene tiempo para sus hijos y los deja con terceras personas, o que su expareja se emborracha, o se va de fiesta teniendo a los niños a su cargo, son casos bastante comunes.
Empresas o compañías de seguros que sospechan de la baja laboral de algún empleado es el otro gran bloque que solicita los servicios de un detective privado. Personas con supuestas lesiones a las que sorprenden yendo al gimnasio o cargando pesadas bolsas de la compra, e individuos bajo supuesto tratamiento con ansiolíticos a las que se localiza bebiendo alcohol, son situaciones también frecuentes.
Fuente: Heraldo.es
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