La inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores.
En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor difieren. Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla porque se involucra la Interpol pero, aún así, hay padres que contratan detectives privados para localizar a sus hijos.
Una vez localizados, el ciudadano debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución de los menores. Aunque, en teoría, si una persona tiene la custodia del menor por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, la realidad no es esa.
Para evitar estas situaciones, cada vez son más los jueces que, de oficio, ante la sospecha de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o, directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paterno filiales.
En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el Código Penal (artículo 225 bis) y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
Fuente: Europa Press
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