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domingo, 23 de noviembre de 2014

Las pruebas del detective, determinantes en juicios por pensiones alimenticias

El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre a dos años de prisión y al pago de una multa de 6.200 euros por un delito de estafa procesal, confirmando así la sentencia dictada al respecto en enero de este año por la Audiencia Provincial de Asturias.

Este vecino de Frieres Langreo aportó al juzgado de primera instancia que llevaba su divorcio en Gijón un contrato de alquiler de vivienda que fijaba una renta de 600 euros. Con ello, consiguió que la pensión alimenticia que debía abonar por su hija a su ex-mujer se rebajara de los 600 a los 550 euros. Es decir, simuló un contrato de alquiler para obtener una rebaja de 50 euros en la pensión alimenticiaincluso llegó a utilizar dicho contrato para recurrir en la apelación de la sentencia para solicitar una rebaja mayor en la pensión. 

La ex-mujer contrató a unos detectives privados, que descubrieron el engaño. En realidad el piso supuestamente alquilado era el de un amigo, verdadero ocupante del inmueble, que ha sido también condenado a un año y medio de cárcel y al pago de 1.440 euros como cooperador necesario en la estafa

La sentencia del alto tribunal rechaza todos los motivos alegados por las defensas de los condenados y asegura que "resulta indiscutible" que el contrato de arrendamiento era simulado y su objetivo "se limitaba, pues, a aparentar una relación contractual pero sin una situación fáctica extracontractual que la sustentara".

Gracias a las pruebas de los detectives privados, ha quedado acreditada la "conducta engañosa" del recurrente "para engañar con ánimo de lucro al juez civil, dolo defraudatorio que además tuvo transcendencia a la hora de dictar la sentencia de divorcio".

Fuente: 20minutos

viernes, 14 de noviembre de 2014

Detectives para proteger la propiedad intelectual

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, que condenó a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por vulnerar el derecho a la propiedad intelectual de los autores que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) representa.

La anterior sentencia obligaba a la universidad a retirar de su campus virtual todos los ficheros de obras que ponía a disposición de los alumnos para su descarga directaEsos ficheros, con reproducciones de manuales o libros académicos, están a disposición de los estudiantes en el espacio virtual y son abiertos por cada profesor con los materiales relacionados con su asignatura: apuntes de clase, presentaciones o fragmentos de obras protegidas.

Además de desestimar el recurso de apelación de la UAB, la Audiencia incrementa la indemnización por daños y perjuicios a CEDRO concedida por el Juzgado Mercantil e indica que el hecho de que la UAB desempeñe una actividad de interés general "no le exime de la obligación de adaptar su actuación al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos ajenos, que se ven perjudicados por esta modalidad de explotación".

Para comprobar los hechos, CEDRO contrató una agencia de investigación privada, que matriculó a dos detectives en el primer curso del Grado de Lengua y Literatura Españolas y en el primer curso del Grado de Humanidades en el año académico 2010-2011. Ambos obtuvieron la clave de usuario y contraseña para acceder al campus virtual y levantaron sendas actas desde un despacho de notario, que accedió a través de un ordenador de su notaría a la página web de la UAB y al campus virtual y vio los textos reproducidos de obras protegidas por derechos de autor.

Fuente: ABC

lunes, 10 de noviembre de 2014

Solicite presupuesto de detectives para resolver sus dudas

¿Necesita resolver un problema? ¿Verificar sus sospechas? No lo dude más. En Axira Detectives podemos ayudarle. 

Ofrecemos presupuestos sin compromiso en 24 horas, basándonos en los datos que nos aporte en cuanto a localización y objeto de la investigación.

Consúltenos. Le asesoraremos de forma gratuita y sin compromiso. Puede llamarnos al 693 66 11 54, o escribirnos un correo electrónico a info@axiradetectives.com


PRESUPUESTO DE DETECTIVES · 693 66 11 54 · info@axiradetectives.com





domingo, 9 de noviembre de 2014

Investigación de herencias: localización de herederos y bienes

Tras el fallecimiento de un familiar, llega el delicado momento de enfrentarse a su testamento y su herencia. Cada uno de los herederos debe aceptar su parte asignada, circunstancia ésta que, en algunos casos, puede generar suspicacias, dudas y desconfianza, originándose a veces grandes conflictos familiares. 

Las tensiones surgidas llevan a los implicados, o los abogados contratados por éstos, a acudir a agencias de detectives privados para obtener información sobre el resto de herederos o comprobar que se cumplen los requisitos establecidos por el fallecido en el testamento para ser beneficiario de él. También es posible que el albacea de la herencia no haya sido elegido de forma adecuada o no sea la persona idónea, y las pruebas del detective sean relevantes para demostrarlo.

Localización de personas

En la mayoría de los casos, la labor del detective privado se centra en la localización de personas. Dado que la aceptación de la herencia se celebra en un acto único ante notario, al cual han de acudir todos los herederos, es posible que algunos de los herederos desconozcan el paradero de otros y sea preciso localizarlos. Es el caso de los herederos nombrados de forma voluntaria por el difunto, que en ocasiones desconocen formar parte del testamento y no pertenecen al entorno familiar, razón por la cual no son conocidos por los herederos directos legales

También puede suceder que sea necesario localizar a todos los descendientes del fallecido, bien porque el difunto haya fallecido fuera del territorio español, bien porque sean sus familiares los que se mudaron a otro país o ciudad y se perdió el contacto entre ellos.

Localización de bienes y propiedades

Otro de los problemas planteados a menudo en torno a las herencias es la localización de bienes y propiedades. A veces, los beneficiarios de una herencia desconocen el alcance real de la misma o su ubicación, ya que el difunto no reveló parte de sus posesiones, o la situación legal de los bienes (posibles cargas) y su valor real. El desconocimiento de estos datos puede acarrear problemas en el futuro en casos en los que se sospecha de deudas y cargas.

El heredero tiene reconocido su derecho a renunciar a la herencia, pero no es posible aceptar sólo una parte del patrimonio y renunciar a otra. Con el conocimiento de las posibles cargas y deudas y la información sobre el estado real del patrimonio aportada por un detective privado, es posible sopesar la situación y tomar la decisión correcta.

sábado, 1 de noviembre de 2014

El papel del detective en la custodia de hijos

¿Su ex-pareja incumple reiteradamente el régimen de visitas de sus hijos? ¿Considera que su comportamiento con ellos no es el más adecuado? ¿Sospecha que ingiere grandes cantidades de alcohol, o consume drogas, y no tiene reparos en ponerse ante el volante estando con ellos?

Éstos y otros muchos problemas son habituales cuando se habla de custodia de hijos en casos de divorcios y separaciones. Que el ex-cónyuge se desentienda de ellos, no los atienda como debe o ponga en riesgo su seguridad con actitudes temerarias, son algunos de los múltiples casos que llegan hasta las agencias de detectives.

La figura del detective privado, como testigo cualificado, tiene especial relevancia en procesos probatorios judiciales. Obtener la información y las pruebas necesarias para la resolución judicial de este tipo de problemas es algo muy habitual en nuestro día a día, constituyendo nuestros informes una valiosa prueba testifical que será ratificada por el detective responsable de la investigación ante los juzgados personalmente.

jueves, 30 de octubre de 2014

Actuación del detective privado en la investigación de posibles sectas

Un antiguo miembro de la Orden y Mandato San Miguel Arcángel destapó las presuntas irregularidades cometidas por su líder, Miguel Rosendo.

Se trata de un vecino de Vigo que, al tener conocimiento de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo dentro de «las murallas de Jerusalén», como llamaban los miembros de la entidad a la casa en la que vivía su líder, encargó una exhaustiva investigación a una agencia de detectives privados sobre las actividades del grupo. El informe, que concluye que la asociación guarda paralelismos con una secta, fue entregado al Obispado.

Según la investigación realizada, Miguel Rosendo imponía un estricto régimen de visitas a los familiares de los miembros de la asociación. Las comunicaciones telefónicas estaban restringidas y controladas por otros miembros de la comunidad, estando siempre presente durante las conversaciones una persona ajena al núcleo familiar, de manera que nunca había una entera privacidad. 

Las visitas personales, también estaban muy limitadas, siempre eran en presencia de una tercera persona. Las informaciones obtenidas por los detectives señalan que cada cuatro meses se tenía derecho a una comunicación directa por espacio de una hora y a través de un locutorio. A otros familiares solo se les permitían visitas una vez cada seis meses y normalmente eran encuentros concertados previamente, tras realizar una solicitud de locutorio a la asociación. La fecha y la hora las elegía la orden según su conveniencia.

A lo largo de las consultas realizadas, son numerosos y coincidentes los testimonios directos de familiares que relatan la presencia, durante las visitas personales en el locutorio, de un miembro de la organización, como también lo ratificaron algunos de los propios religiosos.

Después de perder la confianza del Obispado de la diócesis de Tui-Vigo, Miguel Rosendo se marchó con algunos de sus seguidores a la sierra madrileña, donde las comunicaciones interfamiliares están sujetas a las mismas restricciones temporales y de control por terceras personas. Bajo el nombre de Fundación San Miguel de las Almas Serviam, prestan servicios en diversas localidades.

En el informe elaborado a petición de las familias se recoge un extenso inventario del importante patrimonio atribuido a Miguel Rosendo y su mujer, así como un listado de empresas y personas físicas que aportan dinero a la Orden. Además recoge las prácticas de captación presuntamente empleadas por los 'miguelianos' y testimonios que explican supuestas humillaciones e incluso posibles abusos sexuales.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui ha asumido el caso para dirimir si hubiera responsabilidades de tipo penal en la actuación del líder de la asociación Orden y Mandato San Miguel Arcángel.



miércoles, 29 de octubre de 2014

El informe del detective privado

Tras cualquier tipo de investigación, los resultados obtenidos por los detectives privados se plasman en un informe escrito

En este informe se recogen todos los trabajos que se hayan efectuado durante la investigación y los resultados obtenidos de los mismos, incluyendo en él las fotografías más relevantes. Además, en caso de llevarse a cabo, se adjuntan tanto las posibles grabaciones de audio y vídeo realizadas, como otros documentos obtenidos en el transcurso de la investigación.

El informe realizado por un detective privado es apto para su aportación ante un juzgado en caso de ser necesaria la ratificación judicial del mismo. Es por eso que todos nuestros informes son firmados por el detective responsable de la investigación, reflejándose en ellos su nombre completo y número de licencia, datos estos fundamentales a la hora de aportar el informe como prueba en un juicio. 


viernes, 24 de octubre de 2014

Investigación de bajas laborales: Respaldan el despido de una empleada porque su estado no era depresivo

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia respalda la procedencia del despido de una trabajadora a la que un detective privado descubrió prestando sus servicios en una empresa familiar con un aspecto «jovial y sonriente», que no denotaba el estado de ansiedad que había alegado para pedir la baja. 
La sentencia confirma así la dictada por un juzgado que declaró procedente el cese de la relación laboral que esta trabajadora mantenía con una empresa de transportes, en la que prestaba sus servicios como auxiliar administrativo. 
Según la sentencia confirmada, la trabajadora, tras prestar declaración ante la Policía a raíz de la denuncia presentada por la empresa por cobrar indebidamente unos pagarés, se presentó en el Servicio de Urgencias de Molina de Segura (Murcia), donde expuso a los facultativos que sentía palpitaciones, boca seca y nerviosismo, y fue diagnosticada de ansiedad.
Al día siguiente, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, «refiriendo ánimo triste en los últimos meses, desesperanza con respecto al futuro, dificultad para concentrarse en el trabajo e insomnio, siendo diagnosticada de crisis de ansiedad y probable síndrome ansioso-depresivo». Ese mismo día, inició un proceso de incapacidad por contingencias comunes.
Estando en esa situación, fue objeto de un seguimiento por parte de un detective, quien observó que prestaba sus servicios en una empresa regentada por su esposo y se la pudo ver «con aspecto muy cuidado, sin que su forma de expresarse, ni en su imagen o apariencia externa, se le apreciara signo alguno de ansiedad, estrés, tristeza, abatimiento, preocupación o estado de ánimo bajo, manteniendo conversación con vecinas del establecimiento de forma jovial y sonriente».

Fuente: LA VERDAD


miércoles, 8 de octubre de 2014

Detectives privados contra el fraude en los contratos de alquiler

El papel del detective en la extinción de contratos de locales de renta antigua


Conforme a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de arrendamiento de un local de renta antigua se extingue con la jubilación o el fallecimiento del arrendatario, a menos que se hubiesen producido las subrogaciones permitidas por la Ley, en los términos en que ésta dispone.

Se hayan producido subrogaciones o no, el contrato se extinguirá transcurridos 20 años desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, esto es, el 1 de enero de 2015. Sin embargo, cuando el traspaso del local de negocio se hubiese producido en los diez años anteriores al 1 de enero de 1995, la fecha de finalización de dicho contrato de arrendamiento se prolongaría cinco años más, es decir, finalizaría el día 1 de enero de 2020.

El papel del detective privado consiste en verificar el cumplimiento de la Ley entorno a las subrogaciones y, en caso de no haberse subrogado, comprobar el estado del arrendatario, confirmando, si procede, la posible jubilación o el fallecimiento de éste, hecho que en algunos casos se oculta al arrendador para continuar beneficiándose de la renta antigua.

Axira Detectives - Investigación de fraudes en arrendamientos:



lunes, 6 de octubre de 2014

Divorcios de conveniencia, en alza en las agencias de detectives

El llamado "divorcio de conveniencia" es un fenómeno en alza en nuestro país, nacido como consecuencia de la actual crisis económica, quedando atrás los matrimonios de conveniencia y los fraudes en la escolarización, en los que los padres cambian el domicilio de los niños con el objetivo de asegurarles una plaza en un colegio de su preferencia.

En el divorcio de conveniencia, parejas asfixiadas por las deudas fingen una ruptura afectiva para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el contenido patrimonial más relevante. 

El trámite es rápido y no entraña excesiva dificultad. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el Juzgado. La pareja se divorcia legalmente, pero ambos siguen conviviendo con normalidad y, excepto en los casos en que entran en escena detectives privados contratados por los económicamente afectados, nadie tiene por qué enterarse.

A priori parece sencillo, pero es importante señalar que un divorcio ficticio conlleva un riesgo elevado que se traduce en la posibilidad de que los simuladores sean denunciados y condenados como culpables de un delito de alzamiento de bienes y se vean, no sólo sin patrimonio sino, además, teniendo que hacer frente a penas de prisión. Nos encontramos ante un fraude de ley, puesto que se utilizan maliciosamente los medios que ofrece el ordenamiento jurídico con una finalidad manifiestamente distinta al objetivo esencial de un divorcio.