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lunes, 23 de mayo de 2016

¿Divorcio de conveniencia? Detectives privados para probar si la separación es real

La crisis económica ha producido en los últimos años un curioso fenómeno cuya investigación llega a menudo hasta las agencias de detectives, el de los denominados "divorcios de conveniencia".

Se trata de matrimonios que se rompen, normalmente por intereses económicos, aunque realmente los cónyuges continúan manteniendo una relación sentimental.

Los motivos son muchos y diversos, pero entre las razones más habituales se encuentra la de evitar embargos.

Es común que empresarios a quienes no han ido bien los negocios decidan divorciarse para ceder a su ex-cónyuge todas las posesiones materiales y evitar así la pérdida del patrimonio. Pero también es habitual encontrar gente que se divorcia para que el domicilio de uno de los progenitores cambie y poder matricular a su hijo en otra escuela a la que, con el domicilio original, no lo habrían podido llevar.

El papel de los detectives privados en estas situaciones consiste en demostrar si el divorcio es real o se trata de un divorcio por interés. Esto es, probar que los implicados continúan conviviendo y que existe entre ellos una relación de pareja.

Obtenidas las pruebas, éstas podrán ser aportadas en cualquier proceso judicial y ratificadas en un juzgado por el detective que ha llevado a cabo la investigación.



lunes, 9 de mayo de 2016

Detectives prueban que incumple las órdenes de alejamiento dictadas como medidas cautelares

Un hostelero de Valladolid ha sido acusado de hostigar y amenazar a los propietarios de un quiosco, que le denunciaron por tráfico de drogas y con los que compartía zona de comercio. 

A partir de ese momento, según las acusaciones, el hostelero habría comenzado una campaña de hostigamiento, con amenazas de muerte hacia el quiosquero e insultos a su pareja. Después, tras el cierre del quiosco, se habrían sucedido incluso varias visitas nocturnas al domicilio de los denunciantes.

El hostelero se enfrenta a penas que van desde los dos años y nueve meses y 7.920 euros de indemnización que pide el abogado de las víctimas, a los cuatro y 9.900 euros que exige el Ministerio Fiscal, debiendo responder de tres presuntos delitos continuados contra la Administración de Justicia, amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares.

En cuanto a las medidas cautelares, un Juzgado de Instrucción ha iniciado una nueva investigación contra él por el «continuo» incumplimiento de las órdenes de alejamiento que tiene dictadas y que la familia del quiosquero ha demostrado en el juzgado con informes, fotografías y vídeos elaborados por un despacho de detectives.