El Tribunal Europeo avala las grabaciones de vídeo de detectives privados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado hoy que España no vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al rechazar las acciones legales de un vecino de Sevilla contra la grabación de imágenes suyas por detectives privados, tras sufrir un accidente de tráfico.

El demandante, atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta por Sevilla en septiembre de 1997, reclamó daños y perjuicios al conductor y a su compañía de seguros, alegando que el accidente le causó una neurosis postraumática, que le producía un miedo intenso a conducir vehículos.

La compañía de seguros presentó como pruebas en el juicio vídeos de la vida cotidiana del demandante, grabados por una agencia de detectives privados, donde aparecía conduciendo una moto. Teniendo en cuenta esas imágenes, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla condenó en 1999 al conductor a pagar una indemnización menor que la que el demandante reclamaba.

Ambas partes recurrieron a la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideró «abusivas» las pretensiones económicas del investigado, ya que sus afirmaciones no estaban apoyadas en ninguna prueba. Además, dio por buenos el informe y el vídeo de los detectives.

Posteriormente, el demandante presentó un recurso de amparo, que fue rechazado por el Tribunal Supremo en 2004. Ante el Tribunal de Estrasburgo, donde se representó a si mismo, ya que es abogado, argumentó que aceptar como prueba los vídeos grabados sin su consentimiento supuso una vulneración de su derecho a la vida privada y familiar, recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero la corte europea en su sentencia afirma que las imágenes «fueron utilizadas exclusivamente como prueba ante un juez» y «no había riesgo alguno de explotación ulterior». Esas imágenes, según los jueces europeos, «tenían la vocación de contribuir de manera legítima al debate judicial», ya que «contradecían las afirmaciones del demandante». Por tanto, «la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no fue desproporcionada». 

El demandante dispone ahora de tres meses para recurrir la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Fuente: ABC

Investigaciones empresariales: 9 meses de cárcel para un vendedor de coches por apropiación indebida

Un vendedor de coches de una empresa concesionaria ha sido condenado a 9 meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. El papel del detective privado que investigó inicialmente el asunto ha sido determinante.

La sentencia señala que el trabajador vendió un vehículo a una cliente por 13.173 euros. En el momento de la entrega del automóvil, la compradora le dio dos mil euros, cantidad de la que el acusado se quedó con mil euros, a sabiendas de que dicha suma formaba parte del pago del coche adquirido.

El propio encausado admitió que se había quedado con el dinero, pero añadió que lo hacía con el conocimiento de la empresa, dado que se le debía una cantidad de unos 1.200 euros en concepto de comisiones. También reconoció que no había presentado reclamación alguna por tal deuda porque se pagaban "comisiones en B", pero no aportó prueba alguna de esas comisiones que, según su versión, se le adeudaban, ni las operaciones de venta a que respondían.

El representante legal de la empresa, además de negar que se le debiera cantidad alguna, señaló en el juicio que se había detectado la falta de 2.000 euros, que fueron reclamados al trabajador, quien respondió que la cliente no pagaba, cosa que tampoco era cierta.

Fuente: La Voz de Galicia



Detectives privados: estafas a seguros

Ya son 24 las personas que han sido detenidas por su presunta implicación en la organización «criminal» de estafas a compañías aseguradoras.

Todos los implicados responden al mismo perfil: personas con pocos recursos que accedieron a simular haber sufrido robos y accidentes o que, de común acuerdo con el ‘cabecilla’ de la trama, hinchaban las reclamaciones pertinentes para cobrar más. Es más, ofrecía a los afectados el servicio de un gabinete jurídico para no depender del abogado que las compañías acostumbran a asignar a cada caso.

Aunque la Policía puso en marcha la operación en diciembre, algunas aseguradoras sospechaban ya desde meses antes que algo extraño estaba ocurriendo. El repunte al alza de los robos y accidentes de tráfico no solo alarmó a los agentes, sino también a las propias compañías, varias de las cuales pusieron el asunto en manos de detectives privados.

Según lo relatado hasta ahora por los implicados, el presunto ‘cerebro’ se encargaba de captar a los clientes y de derivarlos al médico, quien los desviaba a su vez de la consulta a un centro de fisioterapia, que facturaba incluso por sesiones de rehabilitación que nunca se llevaban a cabo.

Fuente: MENORCA.info